El ministerio de Industria, Energía y Turismo convocó a los representantes de las comunidades autónomas hace unos días para explicar el anteproyecto de ley de Minas que sin duda comportará cambios sustanciales respecto a la actual legislación de 1973. Los agentes implicados disponían hasta el 1 de diciembre para presentar alegaciones a este borrador que sobre todo ha sorprendido por la premura con la que quiere tramitarse.
Focus Piedra ha contactado con las asociaciones regionales de la piedra natural para conocer cuál es la valoración que hacen del nuevo anteproyecto, las principales líneas de las alegaciones que han presentado y analizar los puntos más controvertidos del mismo. Esto es lo que nos han contando.
Joan Quintana, secretario general de Rocaragon, la Asociación de Empresas Extractoras y Elaboradoras de Rocas Industriales de Aragón, afirma que una nueva Ley de Minas “requiere un tratamiento más sosegado y un período de reflexión y trabajo conjunto entre Administraciones, asociaciones empresariales y colegios profesionales”.
Entre los aspectos más criticados por la asociación aragonesa está la reducción de la duración de las concesiones mineras. “No se explica ni tiene justificación la reducción en la duración de las concesiones mineras”, señala Quintana.
La Ley de Minas de 1973 estableció una duración máxima de 90 años. Ahora, se reduce a 50 en el mejor de los casos, “pasando las concesiones mineras a ser de las concesiones administrativas de menor duración en nuestro ordenamiento”.
Para el secretario general de Rocaragon, “el borrador penaliza las inversiones en minería, de modo que si después del periodo inicial, se solicitase una prórroga de la concesión, se “castiga” esa solicitud con un aumento falsamente progresivo e injustificado del canon de superficie.
Otro de los aspectos más controvertidos del borrador es que desaparece la figura de concentración de labores. Para Rocaragon “se ataca así el concepto más elemental de empresa minera, que necesita de reservas investigadas y probadas para asegurarse un futuro a medio y largo plazo». En su opinión, «se penaliza a la empresa que se preocupa de crear valor, de investigar y de ser socialmente responsable, en la medida en que la norma no facilita la continuidad de la empresa. En ese sentido, se potencia un concepto de empresa temporal, que dificulta inversiones y crea problemas sociales, ya que no se preocupa del empleo que generan las empresas, ni de las familias que las empresas mineras asientan en los territorios”.
Una de las alegaciones que los extractores aragoneses realizan a Minas, es la propuesta de un régimen tributario inasumible desde su punto de vista. “Se deroga inexplicablemente la Ley de Fomento de la Minería, se multiplican exageradamente los cánones de superficie, con subidas imposibles”. Así por ejemplo, en el canon de superficie la subida es de un 8600%, en el caso de las cuadriculas mineras, del 1000%, o en el otro tipo de cuadriculas, del 2000%. Además, el nuevo borrador recoge la creación de un impuesto nuevo que grava las ventas directamente.
Pinacal
Aurelio de Grado, gerente de la Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (Pinacal) ha manifestado en representación de los asociados una clara oposición al anteproyecto por no ajustarse a las directrices de la CE. “El articulado de este anteproyecto no respeta el espíritu de las políticas y recomendaciones formuladas por las instituciones de la UE sobre la minería extractiva, orientadas a la búsqueda de una mayor competitividad y eficiencia en el sector y reconociendo su valor como medio para generar empleo y riqueza”, señala.
De Grado considera que “la formulación actual de este anteproyecto no sólo penaliza aún más la actividad extractiva -estableciendo nuevos impuestos y subiendo cuotas mineras-, sino que también impone requisitos y obligaciones extra para los sujetos que decidan invertir en esta actividad –como la obligación de constituirse en persona jurídica o la petición de numerosas garantías”. En opinión de gerente de Pinacal, todo ello paralizará la inversión y dificultará la competitividad del sector minero extractivo español respecto de sus homólogos extranjeros, resultado “no sólo indeseable sino ya inadmisible e inasumible en la situación actual”.
Federació Catalana de la Pedra
Desde la Federació Catalana de la Pedra, Carlos Moreno, gerente de la misma, señala que este no es el mejor momento para modificar la Ley de Minas del 22/1973, tal y como se ha enfocado.
El borrador de anteproyecto, según la asociación que representa los intereses de las empresas catalanas dedicadas a la extracción de piedra, “adolece de múltiples errores en su redacción, falta de concreción y precipitación en su redacción”, indican.
La Federació Catalana de la Pedra considera que una modificación de la actual Ley de Minas sería beneficiosa para el sector de la roca ornamental si se enfocara a potenciar el sector extractivo de roca ornamental; reforzando y fomentando el crecimiento de las empresas y no grabando con nuevos impuestos y poniendo en duda la continuidad de elementos de fomento de la minería como el Factor de Agotamiento y la Libertad de Amortización.
“Entendemos que debería tramitarse la renovación de la Ley de Minas 22/1973 mediante el trámite ordinario y no por trámite de urgencia, ya que no está justificada dicha urgencia y debería abrirse un periodo de consulta entre todos los actores de la minería de España para poder crear una nueva Ley de Minas que fomente y ponga en valor verdaderamente los recursos minerales y a las empresas del sector”, apunta Carlos Moreno.
Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía
Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) coincide con el resto de interlocutores de las asociaciones regionales de la piedra en la inexplicable premura y urgencia con la que quiere tramitarse este anteproyecto. En su opinión “hay unanimidad en toda la Mesa de la Minería de la Junta de Andalucía en no entender la premura de esta ley cuando podría abordarse sosegadamente solicitando a todos los agentes implicados: administraciones, empresas y sindicatos las carencias y necesidades que permitieran hacer una ley eficiente y competitiva para todos”.
Por otra parte, llama la atención para el presidente de AEMA cómo cuestiones que se plantean en el preámbulo no quedan aclaradas o no se desarrollan en el anteproyecto como lo que tiene que ver con las ordenaciones urbanísticas.
Pero sin duda algunos de los aspectos más perjudiciales para el sector son el importante incremento de los impuestos para las empresas extractora o la reducción en tiempo de las concesiones que pasan de un máximo de 90 años a un máximo de 50.
Martínez destaca también que el anteproyecto cierre las puertas a las exploraciones y que considere que todas las reservas están localizadas, cuando puede haber materiales que en este momento se descarten pero que más adelante pueden resultar de interés comercial.
Apical
La Asociación de Pizarristas de Castilla y León (APICAL) también ha hecho llegar sus alegaciones Ministerio de Minas solicitando “la retirada del borrador actual» y propone “la apertura de un periodo más amplio para el debate con plazos razonables de tramitación”.
Eliseo López, presidente de Apical, critica el “nuevo régimen sancionador desproporcionado del anteproyecto que incluye nuevos cánones y tasas de aplicación “con una intención recaudatoria para poder dedicarlo a otros proyectos sin definir desde las arcas del Estado”.
