En un comunicado, el colectivo precisa que el permiso se ha concedido en el paraje conocido como La Alfesta situado entre el Cerro de El Castellón donde se localizan los restos de la alcazaba árabe de Velad al Hamar y el Cerro de Los López donde se sitúa el yacimiento del Calcolítico también BIC.
Las actuaciones de investigación ya han comenzado afectando a los valores naturales legalmente protegidos.
Indican, asimismo, que en la Alfesta se localiza el pozo que suministra agua potable a Vélez Rubio y que se podría ver «afectado por la actividad minera» y lamentan que la población «ha sido ajena por completo a las intenciones de los responsables hasta que se ha visto la maquinaria minera actuar en La Alfesta, generándose gran inquietud entre los velezanos que desconocían la inesperada autorización».
Para Ecologistas en Acción resulta «inexplicable» que el Departamento de Minas dependiente de la Sección de Minas dependiente de la Delegación Territorial de Almería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, haya autorizado un permiso de investigación minero, paso previo al permiso de explotación (para montar una cantera de piedra caliza) en este paraje natural «protegido» de Vélez Rubio, donde sus valores ambientales, de fauna y flora y paisajísticos «están prohibidas taxativamente las explotaciones de recursos mineros por su altísimo e irreparable impacto».
Critican, asimismo, que las actuaciones de investigación «ya han comenzado afectando» a los valores naturales legalmente protegidos.
El colectivo advierte, asimismo, de que el permiso de investigación minero, de nombre ‘Trinidad I’, está impulsado por el «mismo promotor que ya en el año 2002 intentó obtener autorización para otro permiso, entonces ‘Cristina’, en la misma zona.
En aquella ocasión, según detallan, la misma Sección de Minas que ahora lo ha autorizado, denegó y canceló el expediente «basándose en la advertencia del Ayuntamiento de Vélez Rubio y la alegación de la asociación Ecologistas en Acción-Los Vélez, fundamentada en la prohibición explícita de la normativa urbanística vigente y la afección a valores naturales por este tipo de actuación tan agresiva con el medio».
«Entonces la Delegación de Minas de la Junta de Andalucía se basó para denegarla en el informe emitido por el letrado de la Junta de Andalucía que literalmente indicaba que, siendo las Normas Subsidiarias de obligado cumplimiento, no podría otorgarse posteriormente una concesión derivada del Permiso de Investigación si éste llegara a otorgarse, por lo que, sobre la base de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, que obliga a la Administración a hacerse cargo de los gastos ocasionados por el titular, sería irracional o contrario al interés público su otorgamiento», sostienen.
Para Ecologistas en Acción-Almería es «muy extraño» que siendo los «mismos actores entonces y ahora» se haya otorgado el permiso, «que en lo único que cambia es en el nombre», lo que, a su juicio, no parece otra cosa que «una burda maniobra para obtener un número de registro diferente y seguir un nuevo trámite administrativo para soslayar la denegación pende sobre las actividades mineras en esa zona».
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