España tendrá que reciclar el 70% de los residuos de construcción antes de 2020 que es la exigencia de la normativa europea. En estos momentos España solo recicla el 30 % de los residuos que se generan en obras, excavaciones y vías de comunicación, entre otros. Esta cifra queda muy lejos de la de países como Holanda (80 % ) y Alemania (70 %), apunta el GERD.
Entre los factores que explican esta diferencia entre países se encuentran «condicionantes económicos, legislativos y de educación medio ambiental», según el presidente del GERD, José Ignacio Tertre Torán.
En España se genera un promedio de más de 30 toneladas de residuos, de los que el 80 % pueden valorizarse, es decir, someterse a un proceso de reciclaje que tiene como consecuencia la reutilización del material.
Los residuos pasan primero por una planta de clasificación y, posteriormente, se gestionan en una planta de tratamiento, en la que el producto entra como un residuo y sale como un material reciclado listo para reintegrarse en el medio.
Por otro lado, los materiales reciclados, que son principalmente pétreos-hormigones, materiales cerámicos y asfaltos-, sustituyen a los materiales naturales e incluso son más «baratos» y «ecológicos», según el GERD.
Las ventajas de utilizar materiales reciclados, que son los materiales resultantes de los procesos de reciclado de escombros, radican en un mayor ahorro energético, en una disminución de la contaminación atmosférica y en la disminución de la sobreexplotación de las canteras, de las que se extraen los áridos naturales.
A pesar de que en España existen unas 200 plantas para tratar este tipo de residuos, el GERD denuncia un «problema de competencias» y señala a los ayuntamientos, que son los que otorgan las licencias de obra, como los principales responsables de que muchos de estos escombros acaben en vertederos ilegales.
El cumplimiento de la legislación por su parte es «muy bajo», lamenta el GERD, con lo que se da más cancha al vertido ilegal y se «distorsionan» los precios en el mercado.
Las comunidades autónomas tampoco escapan a las críticas de los grupos ecologistas, puesto que algunas se han aferrado a la crisis para justificar la falta de inversión y practican el depósito de residuos en las canteras, algo totalmente ilegal según el GERD, ya que «ningún residuo de construcción se puede aparcar sin un tratamiento previo», apuntan sus responsables.
Las plantas de reciclado no compiten solo con la ilegalidad, sino que también han de afrontar la grave situación económica que ha paralizado las obras públicas, a las que destinan más o menos el 80 % de los materiales reciclados, con los que se han construido infraestructuras como el anillo verde ciclista de la capital o los accesos a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas.
Ante la situación actual, algunas de las empresas que aglutina el GERD, unas 80 en España, abogan por la construcción sostenible, que supone «otra forma de hacer las cosas» y que tiene en cuenta la necesidad de ahorrar energía y la ventaja de utilizar materiales más duraderos y menos contaminantes.
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