Las empresas Samaca e Irosa han emitido un comunicado como respuesta a las últimas noticias relativas a la orden de desalojo de las dos empresas emitida por un juzgado.
Los dos firmas gallegas manifiestan que «quieren dejar claro que la Junta de Montes de Portela y Trigal está compuesta por el presidente Odilo Fernández -conocido como Nito- y cinco miembros de su familia.
De los otros nueve comuneros -que lo son- solo queda una vecina en la lista porque cinco han tenido que acudir a los tribunales para reclamar sus derechos para ser reconocidos como tales. A pesar de haber obtenido una sentencia favorable, esta ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial».
Tal y como recoge el comunicado: «Dos de los comuneros han sido expulsados alegando textualmente que defienden intereses que “van contra el pueblo” -desde Irosa y Samaca consideramos que cuando se refieren al pueblo se refieren únicamente a Odilo Fernández y a su abogado José Antonio Iglesias-«. Asimismo apunta a que, contra esa expulsión por cinco años, «estos dos comuneros tuvieron que reclamar en los tribunales y están pendientes de sentencia. Y, al otro, que es retornado, le niegan su derecho, siempre con el mismo argumento de que “no cumple los requisitos”. Ante esta negativa, como los demás, tiene que acudir a los tribunales».
Desde Samaca e Irosa afirman que «el dinero que cobran de las canteras, lo reparten entre los comuneros que están en la lista porque consideran que al resto “no les corresponde”. En resumen, los seis miembros de una familia, con la ayuda de su abogado, José Antonio Iglesias, manejan todo, y los otros nueve, aun siendo mayoría, es como si no existieran».
Las condiciones propuestas por los comuneros en la última reunión también esta recogidas y detalladas en el comunicado. «Transferencia de la propiedad de los terrenos donde están las naves de Irosa Y Samaca (fincas propiedad de Irosa y Samaca, retirar el expediente de declaración de utilidad pública, con el compromiso de que no se promoverá nuevamente estableciendo indemnizaciones, en caso contrario, de 500.000 euros y suscribir contratos de arrendamiento: uno con Irosa y otro con Samaca.
El comunicado continua:
«Acabamos de recibir de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia una notificación, fijando el día 7 de febrero, para proceder al pago y levantamiento del acta de ocupación con lo que el riesgo de perder los 300 puestos de trabajo —que no eran problema de la Comunidad de Montes, según el abogado de la Junta de Montes— queda resuelto.
Gracias al esfuerzo y funcionamiento de las administraciones públicas, seguiremos trabajando normalmente, y mucho más tranquilos.
Sabemos que mientras Odilo sea Presidente de la Junta, pleitos no nos faltarán porque creemos que tiene que darle trabajo a su abogado.
Apelamos a los poderes públicos correspondientes a hacer todo lo posible para que los nueve comuneros a quienes han arrebatado sus derechos puedan recuperarlos cuanto antes».
