El Congreso de los Diputados ha aprobado este 8 de octubre de 2024 la nueva Ley de Movilidad Sostenible, uno de los hitos más relevantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el respaldo de la mayoría del Pleno —174 votos a favor y 4 abstenciones—. El texto será remitido ahora al Senado para completar su tramitación y podría quedar definitivamente aprobado antes de que termine el año. La norma, considerada esencial para garantizar el acceso de España a cerca de 10.000 millones de euros de los fondos europeos NextGenerationEU, sienta las bases de un nuevo modelo de transporte más limpio, seguro, digital y conectado, al tiempo que introduce nuevas obligaciones para las empresas.
Por primera vez, la ley reconoce la movilidad como un derecho social, situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas y garantizando que las administraciones trabajen de forma coordinada para que cualquier persona, viva donde viva, disponga de soluciones de transporte accesibles e inclusivas. En este sentido, la norma consolida el sistema concesional de autobuses y asegura que ningún municipio perderá servicio de transporte, al tiempo que protege la financiación estatal del transporte urbano. Con este marco, se pretende dotar de estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad, reforzando su valor social y medioambiental.
Obligaciones para las empresas
Uno de los aspectos que más impacto tendrá en el tejido productivo es la obligación que establece para que los grandes centros de actividad y las empresas con más de 200 trabajadores por centro —o 100 por turno— dispongan de un plan de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta clave para reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos laborales y fomentar alternativas más limpias, como el transporte colectivo, la movilidad eléctrica o compartida y la movilidad activa, a pie o en bicicleta. La ley también contempla la posibilidad de flexibilizar horarios o apostar por el teletrabajo como parte de las estrategias corporativas para disminuir la huella de carbono derivada de los desplazamientos.
Esta nueva obligación obligará a las compañías a analizar sus flujos de movilidad, planificar medidas de eficiencia y digitalizar la gestión de los desplazamientos, lo que supondrá un cambio estructural en la cultura corporativa. Las empresas deberán diseñar estrategias adaptadas a sus particularidades, con herramientas que permitan medir, reducir y compensar el impacto ambiental de los trayectos al trabajo. En paralelo, se refuerza la cooperación público-privada y la participación de las empresas en la gobernanza de la movilidad a través del futuro Sistema Nacional de Movilidad Sostenible.
La ley también establece la necesidad de avanzar hacia una movilidad limpia y saludable. El transporte representa el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, por lo que la norma fija el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el sector. Para lograrlo, introduce mecanismos de descarbonización progresiva, promueve el uso de energías alternativas y contempla la actualización de las etiquetas medioambientales de la DGT conforme avance la tecnología de los vehículos. Con ello, el Gobierno pretende acelerar la transformación del modelo de transporte y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático.
Otro de los pilares fundamentales del texto es la apuesta por la digitalización y la innovación. La ley crea el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una plataforma que reunirá información sistematizada sobre el funcionamiento del sistema de transportes y movilidad. Este entorno digital permitirá mejorar la planificación de las políticas públicas y fomentar la cogobernanza entre administraciones, empresas y usuarios. El objetivo es disponer de una base de datos única que facilite la toma de decisiones basadas en evidencia y favorezca la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, la norma introduce mecanismos para mejorar la eficiencia en la inversión pública, asegurando que los proyectos en materia de movilidad y transporte se sometan a análisis que garanticen su rentabilidad social y ambiental. Se refuerza así la planificación rigurosa de las infraestructuras, se promueve la participación ciudadana y se establece la obligación de justificar las decisiones de gasto en función de su contribución al bienestar colectivo.
La ciudad de las personas
La Ley de Movilidad Sostenible también impulsa la transición de “la ciudad de los coches” hacia “la ciudad de las personas”, promoviendo que las administraciones prioricen soluciones sostenibles que den preferencia a la movilidad activa y al transporte público colectivo. En paralelo, introduce la elaboración de una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, dirigida a paliar las desigualdades que existen tanto en infraestructuras como en servicios, y garantizar que la movilidad sea un derecho real para todos los ciudadanos.
Reducción de costes para las empresas
Desde el punto de vista empresarial, esta ley marca un antes y un después en la manera de gestionar los desplazamientos laborales y la logística interna. Las compañías deberán integrar la movilidad sostenible dentro de sus estrategias ESG, no solo como una obligación legal, sino como una oportunidad para reducir costes energéticos, mejorar su competitividad y reforzar su reputación en materia de sostenibilidad. La implantación de planes de movilidad sostenibles puede convertirse en un nuevo indicador de desempeño ambiental y social, clave para atraer inversión, acceder a financiación verde y cumplir con los estándares europeos.
El texto se alinea con los grandes acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad y descarbonización, como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los compromisos asumidos en la COP21 de París. En definitiva, la nueva Ley de Movilidad Sostenible no solo constituye un marco legal sólido para modernizar el transporte y garantizar el acceso a los fondos europeos, sino que inaugura una nueva etapa en la que la movilidad se convierte en un eje central de la competitividad empresarial y la transición ecológica en España.
