Los vecinos de la parroquia de Atios en Porriño reclaman la titularidad de los terrenos ocupados por las canteras de granito situadas dentro del monte vecinal Carrascal y Laxedo, además de las de Atios, parcelas que ahora son de titularidad municipal. El juicio en primera instancia tendrá lugar hoy y arranca cuatro años después de que la directiva de la comunidad vecinal interpusiera una demanda civil contra el ayuntamiento de Porriño.
Los terrenos ocupados por canteras de Atios solo supusieron para el Concello de Porriño 1,8 millones en nueve años, según un informe del interventor municipal aportado a la causa de la reclamación realizada por los vecinos al concello porriñés.
La Comunidad de Montes pide al Ayuntamiento que les entregue parte del dinero recaudado como había hecho hasta 2008 a través de un convenio que compensaba a los vecinos por los perjuicios de las canteras, pero cuando el acuerdo venció no volvió a renovarse. Ahora los vecinos creen que lo recaudado en concepto de alquiler desde 2008 -coincidiendo con el declive del sector granitero- es solo un tercio de lo que debería haber cobrado el Concello, y acusan a la institución municipal -que en esos años estuvo gobernada por el BNG, PP y ahora PSOE-UDDL- de «desleixo recaudatorio».
«Porque el hecho de que en nueve años el ayuntamiento solo ingresara por concepto de alquiler de los 620.000 metros cuadrados que ocupan las canteras ubicadas en Atios, 1.877.088,53 euros, es decir, algo más de 200.000 euros al año, tan solo un tercio del que tenía que ser, es un «desleixe» recaudatorio que perjudica a todos los vecinos de Porriño, no solo a los de Atios», afirman desde la comunidad de montes.
Los vecinos admiten que muchas explotaciones llevan años sin actividad y alguna incluso está abandonada «pero entendemos que es difícilmente justificable este descuido recaudatorio».
«Desde el inicio del procedimiento el pleito sufrió innumerables tropiezos, provocados principalmente por las maniobras claramente dilatorias de la parte demandada», afirman. Esta vista oral estaba fijada para el 19 de abril, pero un problema con el informe pericial solicitado por el ayuntamiento obligó a retrasarlo hasta ahora. Durante estos cuatro años se celebraron cuatro audiencias previas, lo que de la idea de la complejidad del asunto.
En la zona hay 22 empresas de granito y áridos que fueron autorizadas en su día por el Concello y pagan un alquiler a la institución local.
