El Pleno de las Cortes de Castilla y León respaldó de forma parcial una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se instó a la Junta al desarrollo de un plan de ordenación y modernización del sector de la pizarra en la Comunidad. Todos los grupos respaldaron la totalidad de la propuesta, salvo el Grupo Parlamentario Popular, que rechazó varios puntos en los que se contemplaba el fomento de la investigación geológica minera para reducir los costes y riesgos iniciales de la explotación; la puesta en marcha de un plan de empleo específico para el sector o la mejora de infraestructuras viarias para reducir los costes de explotación, según informa Ical.
El procurador del PSOE, Óscar Álvarez, expuso el contenido de la PNL en la que se reclamaba el impulso de las conversaciones con Galicia para «unificar» criterios en cuanto a la legislación que afecte al sector y programas actuaciones en materia de infraestructuras, gestión de residuos y restauración de daños medioambientales; la potenciación de la formación de los trabajadores en las comarcas productoras y en los lugares de destino de la piazarra, con especial atención a conseguir una mano de obra especializada en la correcta colocación del producto; o facilitar el reciclaje de trabajadores del sector, tutelando su formación e incoproración a una nueva actividad en la comarca en la que desarrollen su trabajo.
El texto también recogía el fomento de la I+D+i para conseguir la diversificación de uso de la pizarra para «fortalecer y ampliar su demanda» en el mercado nacional e internacional; la colaboración en la aplicación de las nuevas tecnologías a lo largo de los procesos de explotación, producción y distribución para conseguir lugares de trabajo «más seguros» desde le punto de vista de la prevención de riesgos laborales y más eficientes y sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico; promover el uso y consumo de la pizarra en zonas distintas a la de su explotación, introduciéndola como cubierta en edificios públicos de la Comunidad.
