El Plan de Acción Construmat, presentado en un acto celebrado ayer en la sede de la CEOE en Madrid, da continuidad al Manifiesto Construmat, lanzado con motivo de la última edición del Salón Internacional de la Construcción de Fira de Barcelona. El texto, consensuado por los principales colectivos profesionales, logró el apoyo de más de 100 asociaciones del sector de toda España.
El «Plan de Acción Construmat para impulsar la economía desde la industria de la construcción» en una iniciativa inédita en España por su carácter unitario. El documento reivindica el papel de este sector para salir de la crisis y propone al Gobierno un paquete de medidas en ámbitos como la obra civil, la rehabilitación, la eficiencia energética o la vivienda residencial.
El ajuste realizado por el sector de la construcción en España desde el inicio de la crisis no tiene precedentes. Ni países como Irlanda han sufrido una caída tan drástica de la actividad constructiva. En 2006 la construcción aportaba el 12,6% del PIB español y ocupaba a más de 2,6 millones de personas, pero en cinco años se han destruido 1,5 millones de empleos y han desaparecido cerca de 170.000 empresas del sector. El Informe alerta de la «descapitalización que se está dando en los principales sectores productivos» como el de la construcción, «expulsando a un buen número de empresas preparadas técnicamente y a trabajadores formados, perdiéndose capital humano y tecnológico».
Los agentes del sector reclaman que se valore la industria de la construcción como un motor de crecimiento de empleo y riqueza, pues a pesar de la contundente caída derivada del estallido de la burbuja, continúa empleando a un 8% de la población activa. Con el Plan de Acción presentado hoy en la sede de la CEOE, los profesionales del sector reivindican la aportación de la construcción para la recuperación económica: según el estudio, por cada 600.000 euros invertidos en construcción se generan 10 empleos directos y otros 6 indirectos.
El «Plan de Acción Construmat» propone un total de catorce medidas realizables que requieren de la actuación de las administraciones públicas a todos los niveles. En este sentido, la industria de la construcción reclama la existencia de un interlocutor único e interministerial «que se comprometa a elaborar un Plan Estratégico» para el sector.
Otra de las medidas exigidas implica establecer líneas de financiación y bonificaciones fiscales, estables a medio y largo plazo, para los propietarios de viviendas habituales o dueños de inmuebles destinados al alquiler. De esta forma, se estimularía rápidamente el segmento de la rehabilitación, que es uno de los que puede crear empleo de forma más rápida. El estudio económico que acompaña el Plan calcula que por cada euro invertido en rehabilitación se genera un 85% de actividad económica adicional en España. Con una inversión de 65.000 euros en obras de mantenimiento se crea un empleo en España.
Además, las subvenciones y ayudas del Gobierno a la rehabilitación y mantenimiento de edificios suponen un retorno para la Administración del 111%. De esta forma, los 627 millones de euros anunciados por el Gobierno en su nuevo plan de fomento de la rehabilitación se convertirán en unos ingresos, vía impuestos, de 695 millones de euros hasta 2016.
En este mismo contexto, el sector reclama elaborar un Programa Global Estratégico de Mantenimiento del Parque Público de edificios, así como diseñar planes de choque para la formación de profesionales y trabajadores del sector y contra la economía sumergida.
Obra pública
El Plan exige definir una estrategia que apueste por la eficiencia, la transparencia y la estabilidad en la licitación de la obra pública. En este sentido, los agentes de la construcción reclaman priorizar las inversiones utilizando criterios de austeridad y eficiencia económica, con la obligatoriedad de realizar análisis coste-beneficio de los equipamientos públicos.
El Plan de Acción Construmat reclama a las administraciones que, a pesar del proceso de consolidación fiscal exigido por Bruselas, no reduzcan más el presupuesto en obra civil, puesto que una inversión en infraestructuras equivalente al 1% del PIB añade 8 décimas de crecimiento de la economía española. Así, la obra pública se autofinancia en un 50%.
Vivienda nueva
Por último, los firmantes del Plan piden, en el ámbito de la edificación residencial medidas para suprimir o reducir las limitaciones impuestas a reservas de suelo para vivienda protegida; aplicar medidas de simplificación y desregulación normativa para dar salida a los stocks actuales de vivienda.
También reclaman discriminar las zonas y segmentos donde hay potencial de demanda de obra nueva para poder financiar promociones que den respuesta a las necesidades del mercado en estas áreas específicas, puesto que la falta de financiación para estos proyectos puede generar tensiones futuras en los precios de la vivienda.
La industria de la construcción española asume que debe adaptarse al contexto actual, pero pide el acompañamiento de las Administraciones Públicas para garantizar los puestos de trabajo y la supervivencia de las empresas. En este sentido, reclama al Gobierno que ponga en marcha este paquete de medidas lo antes posible, ya que, según sus autores, «no hay crecimiento económico sin construcción».
