El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha firmado con el alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, el primer convenio que va a permitir la colaboración pública-pública para impulsar la construcción de una nueva sede judicial, en este caso, la del municipio almeriense. Se trata de una nueva fórmula impulsada por la Consejería para que gracias a la alianza con las entidades, que va a permitir «ganar en eficacia, ahorro de recursos, agilidad en la ejecución de la obra y una notable mejora en la prestación del servicio público». Será este de Roquetas de Mar (Almería) el primer edificio judicial que se va a impulsar con esta fórmula.
«Es un sueño cumplido», ha dicho el consejero sobre esta iniciativa pionera, que va a permitir que el partido judicial la localidad almeriense cuente con una «nueva sede judicial, moderna», creada para las necesidades específicas de la Administración de Justicia y con mayor amplitud y espacio de crecimiento que la actual. «Será un referente», ha añadido Nieto, ya que además de ser una nueva infraestructura se va a apostar por la digitalización de los archivos «para que en la nueva sede se trabaje con papel cero. Vais a tener en Roquetas un edificio emblemático».
La sede actual se ubica en un inmueble en régimen de arrendamiento fraccionado en tres contratos diferenciados y presenta un importante déficit de superficie para una óptima prestación del servicio público de justicia. De ahí la necesidad de contar con un nuevo edificio.
Esta novedosa fórmula es una de las vías de financiación alternativa que se van a incluir en el Plan de Infraestructuras Judiciales, que forma parte de la Estrategia de Justicia de Andalucía, en el que trabaja la Consejería de Justicia y en el que, Roquetas de Mar va a estar incluido con un nueva sede judicial que va a contar con más de 6.000 metros cuadrados. «Es un convenio pionero», cuyo modelo, según ha explicado Nieto, «queremos repicar en otros municipios que también tengan necesidades similares».
Asimismo, esta fórmula permite desarrollar el Plan de Infraestructuras, incluido en el Plan Estratégico de Justicia, y representa «la colaboración institucional, el apoyo al municipalismo, por el que apuesta el Gobierno de Juanma Moreno, y que nos va a permitir mejorar los servicios públicos al ciudadano».
El consejero ha agradecido el trabajo de meses que se ha realizado desde el Ayuntamiento. «Una vez más Gabriel Amat es pionero con un proyecto con el que me ha enseñado a creer en las convicciones y a trabajar por hacerlas realidad».
Por su parte, el alcalde de Roquetas ha explicado que el «municipio está en constante crecimiento y, por tanto, es nuestra obligación como equipo de Gobierno trabajar para avanzar en la mejora y calidad de los servicios a nuestros vecinos». «Es una necesidad contar con una nueva sede judicial adecuada para dar respuesta a las elevadas demandas en este ámbito y contribuir a reducir la carga de trabajo del resto de juzgados de la ciudad», detalla el alcalde. Además, ha agradecido al Gobierno andaluz, en concreto a la consejería de Justicia, su disposición, voluntad y esfuerzo para hacer realidad un edificio judicial que vendrá a cubrir una demanda histórica de una gran ciudad como es Roquetas de Mar.
En la calle Antonio Pintor
El solar en el que se va a construir la nueva sede está en la calle Antonio Pintor y tiene 4.887 metros de superficie. En virtud del convenio firmado, el Ayuntamiento construye el edificio con cargo a su presupuesto (más de 12 millones de euros). La Consejería se encarga de la adaptación del Proyecto Básico, el de Ejecución y del Estudio de Seguridad y Salud de las obras, cuyo coste asciende a 285.214 euros. Una vez construido la Consejería lo recibe mediante la fórmula de mutación demanial externa por 30 años.
Como compensación Justicia abonará cada año 488.400 euros al Ayuntamiento como cuota fija, no tendrá ninguna subida en el tiempo de vigencia a diferencia de un contrato de alquiler habitual, por lo que en total en el periodo que recoge el convenio supondrá 14.652.000 euros. Una vez transcurridos los 30 años el bien volverá a destinarse a uso municipal.
Cuando la obra ya esté ejecutada y terminada, y pase a la Consejería, esta tendrá seis meses para el traslado de los juzgados, de cuyo equipamiento también se encarga, además de del mantenimiento y limpieza del edificio, mientras que el Ayuntamiento asume el mantenimiento estructural.
Igualmente, el convenio también establece que se debe crear una comisión de seguimiento entre ambas administraciones para velar por el cumplimiento y buen funcionamiento del mismo.
En el acto, el consejero ha saludado a toda la Corporación municipal y ha estado acompañado por la viceconsejera, Ana Corredera; la secretaria general de Servicios Judiciales, Rosalía Espinosa; la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila; y la delegada territorial, Carmen Navarro.
