El Congreso ha derogado el real decreto ley de reforma del sector de la estiba, lo que ha llevado a los sindicatos a desconvocar la huelga que iba a comenzar hoy, mientras España se enfrenta a que la UE le imponga una multa multimillonaria.
El Congreso ha derogado el real decreto-ley de reforma del régimen laboral de los estibadores, con 175 votos en contra -los del PSOE y Unidos Podemos, principalmente- frente a 142 a favor -respaldados por el PNV- y 33 abstenciones, las de Ciudadanos y la de Iñigo Errejón, de Podemos, por error.
Tras conocerse el resultado de la votación, los estibadores han desconvocado las cuatro jornadas de paro que tenían previsto llevar a cabo en los puertos a partir de este viernes tras el rechazo del Congreso al decreto ley que liberalizaba el sector, según ha anunciado el presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya.
Los trabajadores estaban llamados a secundar paros parciales en la estiba durante este viernes 17 de marzo y el lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 de la próxima semana. Sin embargo, tras no convalidar el Pleno del Congreso la convalidación del decreto ley, derogando por tanto la reforma del Gobierno, los representantes de los trabajadores, que habían seguido el debate y la votación en el hemiciclo, han anunciado la desconvocatoria de la huelga para continuar con las negociaciones con la patronal y el Gobierno.
Sanciones
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha lamentado la «falta de responsabilidad» de los partidos políticos que no han apoyado la convalidación del decreto de reforma de la estiba porque «aboca a que los españoles tengan que pagar una sanción muy importante, que vendrá directamente de su bolsillo». Tras el varapalo al Gobierno en el Congreso, que ha recibido los aplausos de diputados de Unidos Podemos y ERC, De la Serna ha afirmado que el Gobierno de España «ha actuado con responsabilidad tanto en la elaboración como en la tramitación de la norma» y ha criticado que las formaciones que han votado en contra o que se han abstenido no hayan respaldado una convalidación para que luego fuera modificada a través de una tramitación como proyecto de ley, con enmiendas.
