El Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB) se lanzó hace un año para documentar las vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causados por la industria extractiva en toda la geografía peninsular. El trabajo de investigación colaborativo de decenas de colectivos, entre los que se incluye Ecologistas en Acción, han presentado más de 100 casos georreferenciados en los que describen las vulneraciones que se cometen.
El observatorio expone todo tipo de situaciones, desde ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas hasta explotaciones clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental. También se documentan infracciones de derechos laborales, como malas condiciones de trabajo o obstáculos a la actividad sindical. Muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones, en las que provocan problemas de salud e impactos ambientales por emisiones de polvo o contaminación de las aguas.
La mayoría de los casos incluidos son de Andalucía, con 24 explotaciones, y Galicia, con 21, pero Joám Evans, coordinador del observatorio, advierte que “esto es solo la punta del iceberg”, ya que cuentan con una lista de 400 casos pendientes de documentar y en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que hasta ahora no se estaban investigando. “Es sorprendente encontrarse con tantas explotaciones ilegales, cuando tanto desde el sector como desde las administraciones se insiste tanto en el mito de la minería responsable y sostenible”, remarca Evans.
El portal ha documentado más de 400 infracciones ambientales, que incluyen vertidos, contaminación por polvo o afectación a bienes culturales, y casi 300 infracciones relacionadas con la falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración o avales financieros y corrupción administrativa. Desde el observatorio concluyen que detrás de estas malas prácticas está la falta de control por las administraciones que genera un ambiente de impunidad generalizado.
El Observatorio Ibérico de la Minería es una iniciativa de ciudadanía ambiental en la que participan una treintena de colectivos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A principios de año fue distinguido con un premio de la Universidad de las Naciones Unidas por su metodología participativa. El portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector extractivo.
