La nueva orden publicada por el MITERD reduce parcialmente el impacto económico previsto para las cogeneraciones cerámicas, aunque mantiene recortes de entre 8 y 10 millones de euros y deja pendiente la revisión de los costes de CO₂
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la orden de parámetros retributivos de la cogeneración para el periodo 2026-2031, paso previo necesario para la activación del marco de subastas del sector. Tal y como ha informada ASCER, la orden introduce varios cambios relevantes. Por un lado, corrige el ajuste por desviación del precio del mercado eléctrico, atendiendo una de las principales reivindicaciones del sector. Por otro, pospone la aplicación del nuevo tratamiento de los costes de CO₂, al aplazar su incorporación a una futura modificación de la Orden TED/526/2024, que es la que establece la metodología de cálculo de la retribución, sin fijar por ahora plazos concretos. Asimismo, reconoce una mejora limitada en los costes de operación y mantenimiento.
En términos económicos, estas correcciones permiten evitar, por el momento, el impacto adicional asociado al nuevo criterio de CO₂ planteado en la propuesta ministerial de noviembre, lo que supone un alivio temporal para las cogeneraciones cerámicas. No obstante, el insuficiente reconocimiento de los costes de operación y de mantenimiento mantiene un impacto negativo para el sector estimado en una horquilla de entre 8 y 10 millones de euros ya que los costes reconocidos continúan siendo claramente inferiores a los reales.
Desde el sector cerámico se reconoce que la orden reduce el impacto económico inicialmente previsto, que pasa de unos 30 millones de euros a una horquilla de entre 8 y 10 millones. Sin embargo, ASCER señala que «este alivio parcial no puede interpretarse como una solución de fondo. El mensaje que se traslada desde el MITERD es el de una falta de apuesta clara por la cogeneración, al dejar en suspenso el reconocimiento de los costes de CO₂ y mantener al sector en una situación de incertidumbre regulatoria. Esta inseguridad jurídica dificulta la planificación de inversiones y contrasta con la orientación marcada por la Comisión Europea, que sitúa a la cogeneración como una tecnología clave para la competitividad y la descarbonización industrial».
