Pese a la evidencia científica de que una mayor exposición al polvo de sílice de cuarzo (o sílice cristalina) provoca silicosis y aumenta la prevalencia del cáncer de pulmón, el 17 de enero entró en vigor una nueva normativa europea —Directiva (UE)2017/2398— por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo para la transposición al ordenamiento español.
La vigencia desde este mes de esta trasposición significa que en España la emisión permitida hasta ahora era de un 0,05%, y que ahora pasará a un 0,1%, el doble, con lo que con esta normativa habría un mayor riesgo laboral. Unos daños colaterales como consecuencia de que Europa quiere homogeneizar estos estándares, lo que a algunos países de la parte occidental de Europa del Este o países nórdicos les reduce considerablemente la cifras porque su legislación en este aspecto era más laxa y a otras como España les produce el efecto contrario; donde había una mayor protección a estas emisiones, ahora se permite el doble de estas exposiciones.
Los secretarios generales de UGT, CCOO y la CES, Confederación Europea de Sindicatos, Pepe Álvarez, Unai Sordo y Luca Visentini, respectivamente, remitieron una carta a la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en funciones, Magdalena Valerio en octubre en la que pedían que su Ministerio reconsiderara aumentar los límites de exposición profesional de tres sustancias cancerígenas (el polvo respirable de la sílice cristalina, el bromoetileno y la acrilamida), en el contexto de la trasposición de la Directiva 2017/2398 que modifica la Directiva de agentes cancerígenos y mutágenos.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha decidido ignorar este criterio, según denuncian los sindicatos CCOO y UGT, que indican que el Gobierno ha aceptado las alegaciones de las mutuas y la patronal, integradas por un total de 42 empresas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
Los líderes sindicales recuerdan que, en el caso del sílice, la Comisión Europea advertía, ya en 2016, que había 5.300.000 personas trabajando expuestas a este cancerígeno en la UE, siendo España el país que registra mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras expuestos, con un 26,8% del total, una cifra que ha experimentado un acusado repunte en los últimos años.
