Cerca de 48.000 empresas que presentan sus cuentas anuales en los registros mercantiles pueden considerarse zombis, según los datos del estudio realizado por los analistas de Iberinform, filial de Crédito y Caución. Estas empresas vulnerables presentan al menos dos ejercicios consecutivos en los que sus resultados operativos fueron insuficientes para cubrir los compromisos derivados de su endeudamiento financiero. Cabe esperar que el endurecimiento progresivo de los tipos de interés iniciado en 2022 provoque un incremento progresivo de este censo de empresas altamente vulnerables.
Una empresa zombi es aquella que presenta una rentabilidad baja o incluso negativa, incapaz de generar suficientes recursos para hacer frente a los costes financieros que conlleva la devolución de sus deudas a corto y medio plazo. Estas empresas, altamente vulnerables, logran sobrevivir en el mercado mediante la refinanciación continua de su deuda. Su existencia puede llegar a condicionar el desarrollo de una economía, ya que en el largo plazo tienen un futuro incierto, multiplican en su actividad con el resto del tejido productivo los riesgos de impago y la prolongación de su actividad impide que los recursos se reasignen a empresas más eficientes.
El tamaño es un factor que influye en la capacidad de una empresa para sentarse a renegociar con sus acreedores financieros, pero el estudio de Iberinform muestra que el fenómeno de las empresas zombis se da en todos los segmentos: en su gran mayoría se trata de microempresas (57% del total), seguidas por pequeñas (30%), medianas (9,2%) y grandes empresas (3,9%).
Por sectores de actividad, el mayor número de empresas zombis se encuadra en el de la construcción y la actividad inmobiliaria (22% del total), seguido por el comercio (21%) y la industria manufacturera (14%). En cuanto a su distribución territorial, casi la mitad de las empresas vulnerables se concentra en las comunidades de Madrid (21%), Cataluña (19%) y Valencia (10%) en línea con el mayor nivel de actividad empresarial de estas Comunidades Autónomas. Le siguen Andalucía, (9,9%), Galicia (6,7%), País Vasco (6,0%) Castilla y León (4,3%), Aragón (4,1%), Canarias (3,7%) y Castilla-La Mancha (3,2%).
