Uno de los factores que dificultan el crecimiento de las empresas, muy en particular de las pymes, es la morosidad, entendida como el incumplimiento de una obligación de pago a tiempo, superándose el plazo de pago máximo de 60 días para empresas privadas y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas.
El Ministerio de Industria y Turismo ha sacado a consulta pública hasta el próximo 29 de enero el proyecto de real decreto que regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada en el marco de la ‘Ley Crea y Crece’. El objetivo es vigilar los periodos de pago en las operaciones comerciales.
Una de las medidas que recoge el departamento que ahora dirige Jordi Hereu es la publicación anual de una ‘lista negra’ de compañías que de forma manifiesta incumplan los plazos de pago a sus proveedores, que estará vinculada a la implementación de la factura electrónica en todas las transacciones comerciales y deberá publicarse en los primeros ocho meses de cada año.
En esta ‘lista negra’ se incluirá la identidad de las compañías con más de 600.000 euros de deuda atrasada con sus proveedores y que abonen menos del 10% del total de sus facturas dentro del plazo legal, como quedó reflejado en la ‘Ley crea y crece’ aprobada en septiembre de 2022. Pero la primera de esas publicaciones se retrasará al menos un año más, dado que el sistema de facturación electrónica que impulsa el Ministerio de Hacienda todavía no se ha puesto en marcha y para la elaboración de la lista de empresas mal pagadoras se utilizará como referencia la información de facturas proporcionada por la Agencia Tributaria a fecha del 31 de diciembre del año anterior.
Una vez se disponga de esos datos, la publicación de la lista se debe realizar antes del 31 de agosto del año en curso en la página web ipyme.org e incluirá, además de la denominación social de la empresa y su número de identificación fiscal y código CNAE de actividad, el «importe total de las facturas pendientes de pago».
La elaboración de este listado anual es una de las funciones del observatorio de la morosidad que también deberá elaborar un informe anual sobre la situación de los plazos de pago y de la morosidad en las operaciones comerciales que será publicado en la página web del Ministerio de Industria y Turismo e incluirá, también, información relativa a las administraciones públicas, aportada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Integrantes del observatorio
El observatorio de la morosidad estará presidido por el vicepresidente primero del Consejo Estatal de la Pyme, esto es por el titular de la Secretaría de Estado de Industria, que en estos momentos ostenta Rebeca Torró, y contará con doce vocales. Habrá una representación por ministerio, en el caso de Industria, Economía y Hacienda, y dos miembros en representación de las comunidades autónomas.
Además, habrá un miembro de «la Administración Pública encargada de la gestión de la solución pública de facturación electrónica», otro de la Cámara de Comercio y otro del INE. Y dos miembros en representación de «la organización empresarial de ámbito estatal e intersectorial más representativa de la pequeña y la mediana empresa» y otros dos «en representación de asociaciones u otras organizaciones especializadas en el ámbito de la morosidad».
