El anteproyecto de Ley de Minas que está preparando el Gobierno de Baleares supone un antes y después para el sector. La principal novedad es que el artículo 45 recogerá que los derechos de los terrenos pertenecen, prácticamente de por vida, al titular de la explotación y no al propietario de los terrenos. Esto significa, que el propietario de la explotación minera pierde sus derechos sobre el terreno a favor del explotador de la cantera. Es un artículo revolucionario porque entra directamente en contradicción con lo que establece de la ley nacional de minas cuando en su artículo 16 declara que el aprovechamiento minero de un terreno es un derecho del propietario del mismo, nunca del titular de la explotación.
Entre las consecuencias de esta nueva normativa está la obligación de restaurar una cantera que se asignaría al explotador desterrando así los derechos del propietario. Restaurar una cantera no es ningún castigo ni ningún problema para el cantero. No le significa un coste sino todo lo contrario dado que durante los años que duran los trabajos, que pueden ser indefinidos, la cantera siempre se sigue explotando de forma más o menos soterrada con la excusa de ir adaptando el terreno para la reposición de materiales. Hay que eliminar los taludes verticales, hay que allanar el terreno y suprimir dificultades orográfica, todo lo cual implica seguir sacando material. El negocio, sin embargo, no sólo está aquí, sino también en los escombros que llegarán a la cantera reportando importantes beneficios para el titular de la explotación.
El mismo artículo 45 del proyecto de Ley de Minas va todavía más lejos y en otro apartado establece que en caso de rescisión del contrato o de cualquier controversia entre propietario y titular de la explotación, este último siempre tendrá derecho a seguir entrando en la cantera para trabajos de restauración tanto si tiene o no permiso del dueño. Es aquí donde el ‘lobby’ de canteros consigue su segundo gran éxito: poder seguir trabajando en la mina aunque el propietario del terreno no lo quiera. Por si esto fuera poco, el proyecto de ley establece que aquel propietario que ponga obstáculos al cantero no sólo deberá ser sancionado sino que además deberán iniciarse acciones judiciales contra él.
Fuente: El Mundo.
