La Guardia Civil acudió esta mañana a las pizarreras Samaca e Irosa para ejecutar una orden judicial de desalojo que afectó a alrededor de 250 trabajadores de ambas compañías. A pesar de la presencia de los agentes, un grupo considerable de empleados optó por congregarse frente a la planta y resistir la orden de desalojo, logrando detener parcialmente su ejecución.
De acuerdo con La Voz, se procedió al cierre de las instalaciones de la distribuidora Samaca y de las oficinas, aunque no se pudo completar el cierre debido a la presión ejercida por los empleados en el área de producción de Irosa, ubicada en la zona baja. Según fuentes sindicales, «seguirá trabajándose en la producción, pero no se podrá sacar el material ya listo para la venta». Hasta última hora de ese martes, la presencia de la Guardia Civil se limitaba a custodiar las instalaciones cerradas.
Este conflicto tiene su origen en una disputa judicializada entre el propietario de ambas empresas, Rogelio López, y los nueve comuneros de los montes vecinales de Portela y Trigal. El desencadenante es la cantidad que las pizarreras deberían pagar por ocupar estos terrenos. Los comuneros han denunciado que no han recibido ningún pago desde 2015, lo que condujo a un proceso de expropiación forzosa autorizado por la Xunta a principios de este año, en el cual las pizarreras abonaron 107,600 euros. Sin embargo, los comuneros rechazaron esta cantidad y continuaron la batalla legal, culminando ahora con la acción de la Guardia Civil en cumplimiento de una sentencia del juzgado de O Barco de Valdeorras.
El propietario de Irosa y Samaca, Rogelio López, expresó su frustración: «Quieren desalojarnos, a pesar de que los terrenos están registrados a nuestro nombre en el Registro de la Propiedad y a pesar de la expropiación». López advirtió sobre el impacto que esto tendría en ambas industrias: «Si esto se prolonga, significa el cierre de las empresas y dejar a casi 300 personas sin trabajo. Es un desastre para los empleados y para otros 400 proveedores que dependen de esta actividad». López también expresó su escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los comuneros, afirmando que siempre han tenido la intención de expulsarlos.
Este conflicto, que pone en riesgo 300 empleos en una industria vital para la comarca de Valdeorras, ha sido seguido con preocupación por las autoridades locales. La alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, confirmó que los alcaldes de la comarca emitirán un comunicado para expresar su apoyo al mantenimiento del empleo.
El Cluster de la Pizarra, aunque expresa su más absoluto respeto a cualquier decisión judicial, ha comunicado que lamenta el desahucio ejecutado esta mañana en los terrenos en los que se encuentra una de las empresas más emblemáticas del sector dentro del término municipal de Carballeda de Valdeorras.
«El Clúster lamenta los perjuicios que esta sentencia de desahucio va a ocasionar a los cientos de personas cuyo puesto de trabajo está vinculado a esta empresa, ya sea de manera directa o indirecta, así como a sus familias», ha indicado.
