El auge imparable en el precio de la tonelada de CO2, cuyos costes se han incrementado un 77% comparados con la media del año anterior, está teniendo efectos nefastos no solo para los consumidores industriales de energía, sino que también está repercutiendo notablemente en la factura de los consumidores domésticos.
El elevado precio del CO2, cuyo origen está en el incremento de la ambición climática de la Comisión Europea y la especulación de fondos inversores, es un problema que afecta directamente a los sectores sujetos al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) -como el cerámico- pero también tiene un impacto importante en el precio de la electricidad para el consumidor final, que ha visto como durante las últimas semanas registra récords históricos. Según la información del mercado mayorista – OMIE – el precio medio en el mercado libre se ha visto incrementado alrededor del 75% respecto a la media de 2020 y una de las causas es el alto precio del gas natural, que utilizan los ciclos combinados para generar electricidad, y del coste de los derechos de emisiones de CO2, que crece desorbitadamente a causa de la especulación en la compra de derechos por parte de fondos de inversión.
Según manifiesta el secretario general de ASCER, Alberto Echavarría: “en el caso de la industria cerámica el impacto es mucho más evidente puesto que como consumidores de electricidad sufrimos doblemente el impacto del elevado precio del CO2, por un lado, hemos de comprar toneladas de CO2 para compensar nuestras emisiones, y por otro, pagamos en la factura eléctrica el coste que nos han traspasado a través de la factura”, y añade: “mientras los especuladores ven como sus beneficios no hacen más que aumentar, los consumidores de electricidad industriales y también los domésticos, vemos como se carga en nuestras facturas este coste artificialmente elevado”.
El Régimen de Comercio de Emisiones (RCDE UE) y la industria cerámica
En 2005 la Comisión Europea puso en marcha el RCDE UE, para controlar y reducir las emisiones de CO2 de los emisores fijos y conocidos (básicamente la industria y la generación de energía). Este mecanismo de control de las emisiones se basa en la creación de un mercado europeo de CO2, que fija el precio de la tonelada que pagan las industrias y los generadores de electricidad por sus emisiones.
A pesar de que la normativa aplica por igual a industria y sector energético, su impacto es muy diferente para ambos sectores, ya que los generadores de electricidad, al contrario que la industria, pueden trasladar el coste del CO2 a sus clientes, tanto industriales como domésticos, sin que ello les haga perder cuota de mercado o afecte a sus cuentas. En cambio, para los sectores industriales, y especialmente para los exportadores como es el caso del sector cerámico, es un coste que va directo a las cuentas de resultados, ya que no tienen margen para trasladarlo al precio de venta.
El sector cerámico exporta el 75% del total de sus ventas fuera de nuestras fronteras compitiendo en los mercados con productos de terceros países de fuera de la UE, no sujetos a este régimen y sin el coste añadido de la compra de CO2.
“Los sectores industriales difícilmente podemos trasladar este coste medioambiental a nuestros clientes puesto que nos dejaría fuera del mercado, estamos ante una clara desventaja competitiva ya que estamos compitiendo con otros productores que no soportan estos costes medioambientales ni las mismas exigencias regulatorias a la hora de producir, que sufrimos en la UE”, afirma el secretario general de ASCER, Alberto Echavarría. Además, añade, “el sector realiza constantemente esfuerzos por descarbonizar la actividad. Las emisiones de CO2 por m2 producido han disminuido un 52,5% desde 1985, pero hoy no existen alternativas energéticas que nos permitan sustituir al gas natural en el proceso productivo, y por ende reducir las emisiones de CO2. El ritmo que ha marcado Europa es irreal y las políticas deberían de flexibilizarse hasta que dispongamos de alternativas reales energéticas para descarbonizar la economía”.
La asignación gratuita de derechos de emisión para la industria cerámica española se ha reducido progresivamente, y así tras la revisión de la Fase IV, se ha recortado en un 16%, lo que se traduce en que el pago total de los derechos de emisiones de CO2 por parte de las empresas del sector se ha cuadruplicado desde 2017.
En 2019, el pago de derechos de emisión de CO2 supuso prácticamente el 9% del beneficio neto del sector. En 2021, con el precio disparado de la tonelada de CO2 a más de 55€, el pago de derechos podría suponer el 20% del beneficio neto del sector.
