La Junta de Andalucía ha autorizado, finalmente, la prórroga de 30 años solicitada por la compañía Sierra de Morón S.A. (Sidemosa), para continuar explotando las montañas de la sierra de Esparteros, en Morón de la Frontera (Sevilla). La prórroga, entre otros aspectos, eleva a 20 hectáreas la superficie de este yacimiento de piedra caliza objeto de no pocas críticas por parte de los colectivos ecologistas.
La comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía, en su última sesión, debatió a instancias de IU-CA la prórroga solicitada por la compañía Sierra de Morón, ‘Sidemosa’, para explotar durante 30 años más la mayor de las canteras de la Sierra de Esparteros. En concreto, fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron esta concesión administrativa para explotar cuatro cuadrículas mineras en este espacio de la Sierra de Esparteros, toda vez que en 1996, la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas mineras.
La solicitud de prórroga cuenta con una declaración de impacto ambiental que declara «viable» la continuidad de las labores de extracción, estipulando eso sí toda una serie de condiciones en materia de preservación del medio ambiente y medidas correctoras. «El proyecto de prórroga supone una superficie de actuación superior a la del proyecto original (…), si bien las labores mineras proyectadas suponen una continuidad del mismo dentro del perímetro del Plan de Restauración aprobado en fecha 19 de octubre de 2002», figura en la declaración de impacto ambiental.
Ecologistas en Acción, no obstante, avisa de un posible «trato de favor» hacia ‘Sidemosa’ en la declaración de impacto ambiental, pues la misma omitiría «las especies de fauna que se verán afectadas gravemente en caso de que se reabra la cantera» y no incluiría ningún «informe geológico o hidrológico independiente sobre el acuífero que hay bajo de la cantera, tomando como válido el presentado por la empresa», entre otros aspectos.
De cualquier modo, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha comparecido recientemente en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz, a instancias de IU-CA, para dar cuenta de las actuaciones de la Administración autonómica frente a la solicitud de prórroga en cuestión. Durante su intervención, según el diario de sesiones del Parlamento Andaluz, recogido por Europa Press, la consejera anunció que el pasado 19 de febrero, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo «dictó resolución favorable otorgando una prórroga del periodo de vigencia de la concesión de la explotación», si bien Serrano ha defendido que la resolución «establece una serie de condicionantes ambientales que tienen la consideración de cláusulas resolutorias y que, en caso de incumplimiento, llevan aparejada la caducidad del derecho minero».
La consejera explicó que a través de esta prórroga, y por motivos de seguridad», la superficie del yacimiento pasa de las 19,5 hectáreas actuales a un total de 20 hectáreas. «Lógicamente, el trámite de evaluación de impacto ambiental contempla medidas compensatorias para esta zona de monte. La actividad se centra en finalizar la explotación sobre los bancos actuales y avanzar la extracción del recurso en profundidad, 40 metros por debajo de la actual plaza de cantera», explicaba la consejera esgrimiendo la obligatoriedad de acometer «labores de restauración de manera simultánea a las labores de extracción».
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en ese sentido, ha defendido además las «medidas preventivas y correctoras incluidas en la declaración de impacto ambiental» asociada a la prórroga de las labores de extracción, porque «prestan especial atención a la educación ambiental de la zona de actuación, a la protección del sistema hidrológico, a las aguas superficiales y subterráneas, a la protección del suelo y a la protección de la flora y fauna».
La diputada de IU-CA Marina Segura, de su lado, avisaba a la consejera de que la empresa que explota el yacimiento, «no ha hecho en 30 años nada de restauración», con lo que a su juicio no hay nada que «garantice que vaya a hacer algo en los próximos 30 años», atribuyendo además a esta cantera «multitud de irregularidades y de ilegalidades, que apenas han sido ni controladas ni sancionadas» por la Administración autonómica.
