Los empresarios del sector del mármol y la piedra natural de Andalucía van a presentar en los próximos meses un plan de gestión de residuos mineros con los que abordar la petición de avales mineros «millonarios» que durante el anterior gobierno de la Junta fueron exigidos por la Delegación Territorial de Economía y Conocimiento como sistema para garantizar la restauración de las canteras de la sierra de Macael (Almería); una medida que, según el sector, conllevaría su «asfixia económica» y el cese de multitud de empresas.
En una entrevista concedida a Europa Press, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha incidido en el diálogo que se ha abierto desde hace meses con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) y el Ayuntamiento de Macael, como concesionario de los derechos mineros, para hacer frente a un «problema serio y gravísimo» generado en la anterior legislatura socialista.
«No hemos ahorrado esfuerzos para favorecer un clima de entendimiento entre todos», ha explicado la delegada ante las seis reuniones mantenidas desde el pasado mes de mayo en relación a este asunto, entre ellas, las efectuada en julio en Macael con el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en la que se comprometió la búsqueda de «una solución al cambio de criterio adoptado durante el Gobierno anterior».
Se está trabajando para llevar a cabo la revisión de los planes de restauración de las instalaciones de residuos, y en particular en el plan de gestión de residuos que podrían modificar las cuantías de las garantías financieras o equivalentes, al adaptarse al Real Decreto, ha explicado Sánchez Torregrosa. Asimismo ha indicado que «esta revisión incluye realizar un inventario de las superficies restauradas incluidas en los proyectos iniciales».
En concreto, hacia el final del anterior mandato la Delegación de Economía había defendido la entrega de 11,3 millones de euros en avales bancarios para garantizar la restauración ambiental de la sierra en virtud del Real Decreto 975/2009.
«Si se hubiera aplicado esa medida se tendría que haber cerrado toda la minería de Macael», ha considerado la responsable provincial de la Junta, quien ha detallado, no obstante, que los letrados de la Administración autonómica han ratificado «la legalidad y vigencia» de la Instrucción, por lo que los recursos de alzada que las diferentes empresas elevaron ante los expedientes abiertos por el anterior gobierno se encuentran «paralizados».
De momento, según la delegada, el compromiso del Ejecutivo es «garantizar la restauración permitiendo la actividad en la sierra». No obstante, según ha indicado, las conversaciones siguen para buscar una solución que garantice la constitución de una garantía financiera suficiente para restituir la sierra a su estado natural. «Buscamos todas las vías para que la restauración se pueda llevar a cabo siempre dentro de la normativa y en eso estamos trabajando», ha abundado.
Así, y tras la última reunión mantenida el pasado martes, los empresarios del sector se han comprometido a confeccionar un plan de gestión de residuos que permita la distinción de los diferentes residuos mineros en base a los criterios del Real Decreto 975/2009 y una propuesta de clasificación para las instalaciones de los residuos. «Esa catalogación de residuos permitirá definir el aval», ha detallado la delegada, que además quiere agradecer la labor de los técnicos de la administración autonómica en Almería.
De forma paralela, se ha decidido también dentro del plan de actuación realizar un inventario de la superficie restaurada así como la «búsqueda de fórmulas para la restauración a través de fondos comunitarios» así como la presentación de un proyecto para la construcción de una instalación de residuos.
Según las previsiones de la delegada, a partir de la segunda mitad de marzo se podrá contar con un plan de gestión de residuos, toda vez que para entonces ya se conocerá con detalle la superficie de sierra que se encuentra restaurada. «El clima es bueno y la disposición es absoluta», ha valorado Sánchez, quien espera que los trabajos desemboquen en una orden reguladora.
