El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento del nuevo Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral en Andalucía que ha impulsado la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y cuyo objetivo es reducir el incremento registrado en los últimos años en el número de accidentes en el ámbito del trabajo. Este acuerdo fue refrendado a principios del mes de agosto por las principales organizaciones empresariales y sindicales: la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía.
Contemplado como una de las medidas urgentes en el marco del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito por el Gobierno andaluz y los principales agentes económicos y sociales el pasado marzo, el Plan de Choque contra la Siniestralidad tendrá una vigencia inicial de un año y prevé actuaciones por un importe de 2,2 millones de euros.
El documento, que parte de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-22 (prorrogada hasta 2023 para adaptarse a la paralización de la actividad productiva por la pandemia), está diseñado en torno a siete grandes líneas de actuación que persiguen incrementar los niveles de sensibilización entre empleados y empresarios para que cale en toda la sociedad el mensaje de la cultura preventiva, con especial atención a los accidentes de tipo traumático en jornada laboral.
Entre las principales actuaciones destaca la elaboración de un detallado Mapa de la Siniestralidad grave, muy grave y mortal en Andalucía durante los años 2021 y 2022, otorgando mayor relevancia a dos tipologías de accidentes en los que se han detectado mayores incrementos: las caídas en altura y el vuelco o pérdida de control de maquinaria y equipos de carga.
También se refuerzan las actividades de comprobación, información y asesoramiento directo en empresas, como las actuaciones a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social centradas en empresas con elevadas tasas de siniestralidad y en lo que supone un refuerzo del trabajo que ya realizan los Centros de Prevención de Riesgos Laborales; o las actuaciones del personal técnico habilitado, que se incrementarán en un 20%.
Del mismo modo, se eleva hasta un 40% el número de actuaciones contempladas en Programas como el ‘Alerta Accidentes’, así como las tareas de divulgación en los propios centros productivos, que recibirán material divulgativo sobre los principales riesgos asociados a su actividad y las medidas preventivas para evitarlos.
Como medida novedosa, se pondrá en marcha durante cuatros meses una Unidad Móvil de Información que se desplazará por toda Andalucía, acercando los recursos disponibles en materia de prevención laboral a los centros de trabajo considerados de ‘especial impacto’. Llegará hasta las pymes, pero también visitará los polígonos industriales y los parques logísticos, y estará coordinada por un técnico con formación superior en prevención de riesgos laborales.
También se contempla un aumento en la partida destinada al Programa de Incentivos en materia de prevención de riesgos laborales, lo que implicará no sólo contar con más recursos sino agilizar las próximas convocatorias e incrementar la información al servicio de las empresas.
Del mismo modo, en el área de mejora de los conocimientos, se promoverá un Programa de actividades formativas e informativas, destinado no sólo al personal de la Administración, sino también a los responsables de prevención de las propias empresas, a los delegados sindicales o incluso al personal directivo de cada centro de trabajo. La construcción, la agricultura y los trabajos en altura serán para ello sectores prioritarios, así como las actividades vinculadas a la seguridad vial y el estrés térmico por calor. Esa labor formativa también llegará a las organizaciones sindicales y empresariales, que al trabajar sobre el terreno disponen de datos actualizados sobre los principales riesgos que soportan sus empleados.
