Ante la imperiosa necesidad de contener la propagación masiva del coronavirus y la dificultad manifiesta de garantizar de forma real el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las obras de construcción, el CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España), el CGATE (Consejo General de la Arquitectura Técnica de España) y el CITOP (Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas), desde su responsabilidad social, han solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una suspensión temporal de las obras de construcción.
En una carta conjunta de las tres entidades, que representan a más de 110.000 profesionales colegiados, manifiestan que, «ante la situación generada por la rápida transmisión del COVID-19, esta medida contribuiría al esfuerzo colectivo por detener la expansión y garantizar las condiciones de seguridad y defensa de la salud de todos los agentes, trabajadores y personal interviniente en la obra establecidas en los protocolos sanitarios oficiales y demás normativa aplicable».
Conscientes de la diversidad de actividades y circunstancias de las obras, las tres entidades también plantean que, en la situación actual, en la que el Gobierno ha establecido el confinamiento, el distanciamiento social y medidas para evitar el contagio, preservando la actividad económica, es necesario contemplar supuestos en los que el mantenimiento de obras y actividades, por su naturaleza específica, pueda ser compatible con las restricciones generales establecidas.
El presidente del CSCAE, Lluís Comerón Graupera, ha manifestado: “En sintonía con el esfuerzo colectivo que está realizando el conjunto de la población española, la prioridad para el sector es frenar la expansión del virus y, para ello, es necesario un cierre temporal en obras de construcción. Para limitar el impacto económico y social de esta crisis, planteamos preparar ya una reactivación rápida del sector, prever, incluso, formas de recuperar la actividad, si la situación se prolonga y tenemos que convivir con la enfermedad, y que se contemplen supuestos donde el mantenimiento de la actividad sea posible”.
En similares términos se ha pronunciado el presidente del CGATE, Alfredo Sanz Corma, quien ha añadido: “Somos conscientes de que muchas empresas están redoblando sus esfuerzos en el cumplimiento de las medidas aprobadas, pero las obras de edificación son completamente distintas de otros procesos de fabricación estandarizados. En las obras intervienen muchísimos agentes, son complejas y variadas en su desarrollo y hay una gran diversidad de obligaciones y responsabilidades por lo que requieren un tratamiento específico. Una vez asegurada la salud y seguridad de los trabajadores como primer objetivo, y en base a nuestra responsabilidad social, tendremos que contemplar la manera de intentar minimizar el impacto en el PIB de esta lamentable situación en la medida de nuestras posibilidades”.
Por último, el presidente del CITOP, Carlos Dueñas Abellán, y en sintonía con el resto de presidentes, ha asegurado: “Nuestro sector, que ya fue duramente castigado por la crisis de 2008, es plenamente consciente de la gravísima situación de emergencia sanitaria y salud que está provocando el COVID-19 en todo el mundo. Lamentamos el impacto socioeconómico que tendrá en nuestras profesiones, pero lo que más nos preocupa es la reducción por todos los medios del coste humano”.
Las tres entidades firmantes plantean al Ministerio que tenga en cuenta algunos supuestos en los que los trabajos pueden considerarse compatibles con la respuesta frente al COVID-19 en estos momentos. Por ejemplo, todas aquellas obras de ejecución urgente que responden al interés general y, de manera especial, las que estén vinculadas directa o indirectamente a las respuestas necesarias frente al COVID-19, como hospitales de campaña, adecuación de centros sanitarios, etcétera. Otras excepciones podrían ser aquellas obras que se encuentren en la fase última de ejecución o que se desarrollen en las partes interiores de las obras en ejecución, entre otras.
CSCAE, CGATE y CITOP manifiestan también su disposición a seguir trabajando con normalidad en el resto de las actividades no relacionadas con la ejecución de las obras con el objetivo de reducir todo lo posible el impacto económico del COVID-19 y estar preparados para recuperar el ritmo en este sector tan estratégico una vez que superemos esta gravísima crisis sanitaria. De esta forma, los tres colectivos evitarán retrasos en el momento en el que se reanude la actividad y se recuperará parte del tiempo perdido en el marco de un plan de reactivación del sector que será clave para acelerar la recuperación económica de España.
