La Junta de Castilla y León quiere preparar un plan para la revisión de los avales que los empresarios de la pizarra abonan en el movimiento de los materiales de sus explotaciones, y en previsión de la restauración cuando finalice la actividad.
La liebre se levantó hace solo unos días en las medidas traducidas en la congelación de concesiones en las canteras de mármol de Almería por la solicitud de mayores avales que recientemente denunció publicamente la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía.
Pese a que desde la administración no ha comunicado oficialmente ningún detalle, la idea que se baraja es establecer un nuevo calculo de cuota a las explotaciones mediante la aplicación de un aval en función de los metros cúbicos de material en movimiento y su revegetación posterior. Ese cálculo, en el material removido se haría a precio de coste de mercado.
Esta situación es la que ha hecho saltar la alerta en el sector pizarrero desde donde también tienen conocimiento de que sea la propia empresa pública Tragsa le que se encargue de hacer esos nuevos cálculos, para imponer los avales nuevos a las canteras.
Desde Apical, no ha querido hacer ninguna comunicación oficial y están pendientes de una reunión con la Junta para conocer todos los detalles.
Hace ahora casi una década, la junta de Castilla y León, aplicó una reducción en dichos avales, en el sector extractivo de la pizarra, dedicados para restaurar el paraje por hectárea explotada. Una horquilla de entre el 50% y el 70% menos. Esa reducción se llegó a concretar en 11.900 euros por hectárea, el aval más caro y de 6.000 el más barato. Antes de esta aplicación el empresario tenía que abonar sobre unos 24.000 euros por hectárea explotada. Si los rumores se confirmasen esa cifra se multiplicaría por dos o por tres, acotando más los costes de producción unidos a otros gastos importantes como los combustibles y la luz.
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