La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha iniciado, a nivel autonómico, la campaña de inspección del cumplimiento de los requisitos legales en la información de la contratación a distancia a través de páginas web.
Se trata de una campaña inspectora que implicará a todos los servicios provinciales de Consumo y que se prolongará hasta el mes de diciembre. En ella se prevé la realización de, al menos, 410 actuaciones inspectoras en páginas web, donde se analizarán productos y servicios que se ofertan en las mismas.
A través de la inspección de las páginas web, se controlará el cumplimiento de la normativa de aplicación en materias como la identidad del empresario y la dirección del establecimiento, así como su número de teléfono y correo electrónico, los requisitos de la oferta de venta, el derecho de desistimiento, las condiciones generales de contratación, la existencia de prácticas comerciales desleales, los contratos, y las quejas y reclamaciones.
Esta campaña también se desarrolló en 2023 y se saldó con 312 actuaciones inspectoras en 307 webs comerciales, de las cuales 206 resultaron con actas positivas (incumplimientos), lo que supone un 66% del total de las actuaciones realizadas.
Entre los incumplimientos detectados en las actuaciones, cabe destacar aquellos casos en los que no figuraba el recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes; la información alimentaria obligatoria no estaba disponible antes de que se realizara la compra; no se indicaba el derecho de desistimiento (cuando el mismo era exigible), así como las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercerlo; no se facilitaba un modelo de formulario de desistimiento; no se facilitaba información de que no procedía ejercer el derecho de desistimiento; no se facilitaba información sobre el coste de devolución de los artículos en caso de desistimiento; en las condiciones generales de contratación, se incluía una cláusula por la que se impedía el derecho de desistimiento en caso de no devolver el embalaje original; o no figuraba en la web un enlace que permitiera un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea.
