El Gobierno valenciano aprobó el proyecto de Decreto de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo por el que se establecen medidas de agilización de procedimientos administrativos en materia de minería, una de las reivindicaciones del sector del mármol.
El objetivo de la medida es simplificar tanto la documentación como la tramitación del proceso de apertura de canteras para ello se ha propuesto la supresión de trámites, la eliminación o reducción de cargas administrativas, la normalización documental y la tramitación telemática. Estas eran algunas de las solicitudes que la Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana, a la que también pertenece la Asociación Mármol de Alicante, han expuesto durante el último año en las diferentes reuniones de la Mesa de la Minería que preside el conseller de Industria Máximo Buch.
La norma ayudará a favorecer una asignación más eficiente de los recursos de la administración tanto en el ámbito de la gestión de los procedimientos, como en materia de planificación y seguimiento de los proyectos y planes de explotación relativos a actividades de investigación y aprovechamiento de recursos minerales.
Entre los trámites que se suprimirán está la supresión de la obligación empresarial de presentar anualmente los Planes de Labores para permisos de investigación, sustituyéndose por la declaración responsable. También se sustituye por declaraciones responsables los Planes Anuales de Explotación, pasando la empresa minera a realizar una planificación cuatrienal de los trabajos de explotación. Asimismo, se simplifica la documentación inicial exigida dentro del procedimiento para el otorgamiento de derechos mineros de investigación y aprovechamiento de recursos minerales y se agiliza el procedimiento para la expedición y renovación de los certificados de aptitud de operadores de maquinaria minera móvil. Este Decreto está en plena sintonía con el Decreto 165/2010 de 8 de octubre del Consell, que establece medidas de simplificación, documental o de tramitación, y reducción de cargas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público. Se pretende así facilitar a las empresas el ejercicio de sus actividades para mejorar su eficiencia en unos momentos económicos especialmente duros.
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