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EL PP de Castellón pide un rebaja fiscal al sector cerámico que garantice el empleo

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    El PP de Castellón ha vuelto a reclamar a la Diputación la defensa y protección de las familias de la provincia cuyas nóminas dependen del sector cerámico. Lo ha hecho exigiendo a la Diputación lenta de PSOE y Compromís la aplicación de rebajas fiscales que garanticen el empleo a las más de 25.000 familias que se emplean en el azulejo y después de que el pasado 17 de noviembre el Grupo Parlamentario llevara a pleno una moción para aprobar ventajas fiscales a las empresas de Castellón que hoy sigue sin implementarse.

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    Salvador Aguilella, diputado provincial del PP.

    La reducción del tramo propuesta por el PP hace ahora casi un año se ha reivindicado durante el ejercicio 2021 abanderando las demandas de la patronal ASCER con la que la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, se reunió el pasado 24 de mayo. “Volvimos a reclamar la acción en verano, el 28 de septiembre y el pasado 16 de octubre sin que PSOE y Compromís hayan activado ninguna acción”.

    Salvador Aguilella, diputado provincial del PPCS, ha exigido “la inmediata puesta en marcha de ventajas fiscales porque pasado un año de brazos cruzados, la izquierda ha llevado al sector a un callejón sin salida. No solo es la electricidad que supera cada día tarifas dramáticamente históricas. Es el gas, con la pérdida del gasoducto GME (Magreb-Europa) el que refuerza la amenaza sobre un sector que tenía en este recurso la alternativa a la energía eléctrica”.

    Un escenario crítico ante el que la Diputación lenta de PSOE y Compromís siguen sin mover un dedo”. Desde el PP, señala Aguilella, “vamos a seguir defendiendo el futuro y las oportunidades de las 25.000 familias que se emplean en el sector frente a una izquierda que amenaza con llevarles al paro por su incapacidad de gestión”. Urge, en opinión de Aguilella, “aplicar las políticas útiles que defiende el PP y que en Diputación permitirían insuflar 5 millones de euros a las empresas de la provincia reduciendo el recargo del 31% que cobra la institución a industrias y pymes”. “No solo es posible aplicar esta ventaja fiscal con los ahorros que el PP entregó a PSOE y Compromís. Es una obligación que no admite demora”, ha considerado Aguilella.

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