La patronal (Ascer) del azulejo y los sindicatos de UGT y CCOO están estudiando la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada en el sector al Ministerio de Trabajo, según ha publicado Plaza Cerámica. Para ello, el Gobierno debe incluir al sector dentro de ls actividades que tienen riesgo para la salud dentro y dentro decreto de coeficientes reductores.
En el último convenio sectorial Ascer adquirió el compromiso de activar una comisión para analizar la viabilidad de esta iniciativa, siempre que no suponga un coste extra a las empresas. La propuesta no solo recogería la sílice como un componente del sector con riesgos para la salud de los trabajadores, sino también otros factores que demuestren el riesgo en los trabajos que se realizan en el azulejo. Los coeficientes reductores contemplan actualmente a sectores como la minería.
Así, Ascer y CCOO y UGT puesto en marcha la constitución de la comisión mixta que se encargará de «estudiar la viabilidad de instar a la administración competente el establecimiento de coeficientes reductores, o en su caso, la anticipación de la edad de jubilación de las personas trabajadoras afectadas, siempre que ello no comporte modificaciones de las bases o tipos de cotización establecidos con carácter general», según han afirmado en una valoración conjunta, de acuerdo al contenido pactado en el convenio.
Desde los sindicatos han explicado que para que el Ministerio de Trabajo acepte esta petición se tendrán que poner de manifiesto circunstancias marcadas en el decreto de coeficientes reductores, de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad. Según los sindicatos, se abordarán situaciones como el impacto de agentes como la sílice, o los turnos de trabajo, entre otras.
Esta jubilación anticipada sería asumida por el erario público y no supondría un coste adicional a las empresas.
Negociaciones del próximo convenio
Por otra parte, Ascer y sindicatos se han emplazado a concretar en las próximas semanas un calendario de reuniones para tratar el próximo convenio laboral, ya que el actual finaliza su vigencia ordinaria en el mes de diciembre. Ambas partes acordaron un convenio en vigor de dos años en vez de tres en unas negociaciones que llegaron al límite y que fructificaron durante Cevisama y después de convocarse un jornada de huelga.
