La Asociación de Empresas para la Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR) de Baleares ha firmado un comunicado junto con otras patronales de constructores de las islas, en el que afirman que el fin de la moratoria que permite construir en suelo urbano sin alcantarillado impedirá solicitar nuevas licencias a partir del 23 de junio y puede truncar la «senda de recuperación» de sus empresas.
Han recordado que el día 23 finaliza la prórroga establecida por decreto en 2013 y ya no se podrá construir en suelo urbano sin alcantarillado, algo que afecta a unas 48 urbanizaciones en Mallorca, 23 en Menorca y 41 en Ibiza y Formentera, además de unos 10.000 solares particulares.
Según recoge el comunicado, la prórroga daba un plazo para encontrar una solución definitiva a un problema histórico, de competencia municipal, permitiendo la realización de obras siempre que se asegurase mediante aval, declaración jurada o compromiso ante el Ayuntamiento de que una vez terminada la instalación general de alcantarillado, el propietario asumiría los gastos de acometida y conexión.
Han recordado que la prórroga se acordó a la espera de que entre 2014 y 2016 se alcanzara una solución definitiva, los Ayuntamientos mejoraran su situación y acometieran como les corresponde las obras de dotación de servicios, pero ésta no ha llegado a concretarse, aunque la han reclamado al Govern.
En consecuencia, a partir del 23 de junio no pueden pedirse nuevas licencias, algo que «puede cortar de raíz la creación de empleo en el conjunto del sector de la construcción».
Las primeras cifras de 2016 «reflejan una caída de la inversión en proyectos turísticos, comerciales, industriales y de obra pública, en parte debida a las decisiones políticas que podrían frustrar las previsiones de creación de empleo», advierten las patronales.
Achacan el descenso de inversiones turísticas a la aprobación de los decretos 1/2016 y 2/2016 del Govern, que limitan las reformas de establecimientos en las zonas maduras y han generado incertidumbre entre los inversores.
Respecto a la inversión comercial, se ve afectada por la reciente moratoria de grandes superficies, «determinante a la hora de frenar la inversión y la creación de empleo».
En cuanto a la inversión pública, «se está alargando el plazo de pago a proveedores y no se ha favorecido la entrada de suelo en el mercado para construir viviendas a precios razonables», aseguran.
«Todo ello, sumado, puede paralizar el sector de la construcción», señalan las patronales que han recordado que tras la crisis, en mayo ha aumentado el número de trabajadores ocupados un 7 % respecto al mismo mes del año pasado y el sector da sustento a 44.586 personas que representan el 9,2 % del total de la afiliación a la Seguridad Social en Baleares.
Señalan que, desde 2014, el sector ha creado más de 8.000 puestos de trabajo, ofreciendo empleo estable y un salario más elevado que la media de mercado.
En el último año la contratación indefinida ha aumentado un 41 % y desde hace dos se ha reducido en un 35,4 % el número de parados en la construcción, un 18,3 % menos en el último año, por encima del sector industrial (-15,8%) y el de servicios (-14,2%).
«Esta senda de recuperación podría truncarse y regresar la inactividad, la destrucción de empresas y el paro a un sector compuesto por fontaneros, carpinteros, electricistas, vidrieros, yeseros, albañiles, marmolistas, pintores, escayolistas, herreros, instaladores de gas, de aire acondicionado o calefacción, constituidos, en su inmensa mayoría, como pequeñas empresas y autónomos».
