Los ayuntamientos de La Puebla de Híjar y Gelsa (Zaragoza) acordaron solicitar al Gobierno de Aragón una reunión para trasladar la necesidad de agilizar la tramitación administrativa de los permisos y autorizaciones que precisan las empresas explotadoras para la extracción y comercialización del alabastro. Los ediles locales quieren manifestar su preocupación sobre el futuro de la minería del alabastro en la zona del que dependen decenas de empleos.
El sector lleva años reclamando celeridad para evitar bloqueos. «No llegamos a entender cómo los políticos a veces perdemos el culo por ayudar a iniciativas que vienen de fuera y cuesta dar el empujón a las autóctonas», dijo el alcalde de La Puebla, Pedro Bello.
Exportadora Turolense S.L., la principal empresa del sector en la zona actualmente que emplea a 32 personas en La Venta del Barro ha desistido de un proyecto de explotación en el término municipal de Gelsa que, en una primera fase, preveía la creación de otros 20 directos. «En un sector como el nuestro, en cualquier empresa un lapsus de un mes por burocracia afecta directamente a la plantilla», dijo el empresario, Rafael Tatay, quien agradeció la iniciativa de los ediles.
Defendieron que la del alabastro, «es la minería complementaria a la del carbón perfecta para mantener la actividad y el empleo en el medio rural». En la misma línea se mostró el concejal de Gelsa, Alfonso Gracia, que aseguró que «si se pusieran más facilidades para dar continuidad a proyectos se creará trabajo, algo que para una zona como la nuestra es crucial para estar vivos». A la mesa, que presidieron el secretario de Gelsa, Jesús Catalán, y los ediles Alfonso Gracia y Pedro Bello, se sentaron también Tatay y el técnico de minas de su empresa, Emilio Querol.
Los ediles trasladarán a la DGA la necesidad de que en esta nueva etapa se hagan «verdaderas políticas de promoción, apoyo e impulso a la actividad minera del alabastro». Hacen partícipes también a los responsables de la Administración para que contribuyan de forma activa a remover los obstáculos administrativos con los que pudieran encontrarse las empresas y, como reiteró Bello, ayudar al desarrollo del sector y «a la tan necesitada dinamización de la economía en los municipios en los que se emplea a gente».
