La Unión Europea ha cerrado un polémico acuerdo de inversiones con China que aspira a mejorar el acceso de los inversores europeos al mercado chino, pero que levanta suspicacias en la administración de Biden incluso antes de tomar posesión.
Una cumbre extraordinaria por videollamada, al borde del fin de año, que ha reunido a los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen y Charles Michel, con Xi Jinpin, además del francés Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel ha servido para dar el último empujón y cerrar el acuerdo. El rol de la alemana, que ha hecho de las relaciones con China una de sus prioridades durante la presidencia rotatoria del Consejo, ha sido fundamental.
China es uno de los mayores socios comerciales de la Unión. Según Eurostat, la UE exportó en 2019 bienes por valor de 198 mil millones de euros al país. En total, el flujo comercial entre ambos supera los 500 mil millones de euros. El tratado de inversiones eliminará barreras a la inversión en china para empresas europeas en diversos sectores.
La Comisión defiende que el acuerdo logra avances importantes en algunos de los puntos de fricción como el acceso al mercado financiero para las empresas europeas, el nivel de transparencia sobre las reglas que regulan las empresas públicas o las ayudas de estado, además de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnologías.
«El acuerdo reequilibra las relaciones comerciales y en cuestiones de inversiones. Incluye provisiones importantes en lo relativo al desarrollo sostenible, clima, medioambiente y estándares laborales,» argumentan fuentes europeas tras la conclusión del acuerdo.
Durante toda la negociación, el Parlamento Europeo ha presionado para que el respeto a los derechos humanos del régimen fuera la base de cualquier acuerdo con China. La UE ha endurecido su lenguaje respecto a Pekín en los últimos meses, condenando con dureza la violencia en Hong Kong o la represión contra la minoría Uigur en los últimos meses, pero a la hora de la verdad, el acuerdo queda muy lejos de las expectativas de la Eurocámara.
El texto apenas exige que la administración China que implemente las convenciones en materia de derechos laborales que ya ha firmado en el contexto de la Organización Mundial del Trabajo y haga «esfuerzos sostenidos y continuados» para ratificar aquellas que tiene pendientes, sobre todo la relativa a la prohibición del trabajo forzado. La UE ha incluido cláusulas similares en acuerdos con otros países con mucho menos poder política y económico, como Vietnam, con escasos resultados.
Para algunos estados miembros, se ha pisado el acelerador para cerrar un acuerdo que debería haberse consultado con la administración Biden, incluso haber esperado a la toma de posesión del recién elegido presidente de los Estados Unidos. Para otros, no hay suficientes salvaguardas para la protección de los derechos humanos.
Ante el anuncio del inminente acuerdo hace solo unos días, Jake Sullivan, asesor de Seguridad de Biden, dijo en Twitter que la administración en la sombra agradecería que los socios europeos consultaran con ellos «sobre las posibles recelos compartidos sobre las prácticas económicas de China.» No parece que haya sido el caso.
Bruselas y Pekín han abordado durante la cumbre otras cuestiones también importantes para Estados Unidos, como la reforma de la Organización Mundial del Comercio, el exceso de capacidad en sectores como el aluminio o el acero o las subvenciones a la industria, asuntos pendientes en la agenda UE-China.
