La rotura de stocks por el encarecimiento del transporte y la falta de materias primas ha tocado de lleno al sector de la construcción poniendo en riesgo la estabilidad económica de muchas empresas y la continuidad de muchos proyectos.
El incremento de los costes en muchas de las partidas que conforman un proyecto de construcción está obligando a muchas empresas a paralizar las obras porque poder asumir los incrementos.
Sólo en los últimos tres meses, el 75,6% de las obras en España está sufriendo retrasos mientras que el 24,4% restante cumple con los plazos pero registra una subida de costes, según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). En ese mismo periodo de tiempo, el incremento del precio medio de construcción ha sido del 22,2%.
El balance hace referencia a todo tipo de proyectos, aunque la patronal se muestra especialmente preocupada por el impacto del desabastecimiento y el encarecimiento en las obras públicas y avisa de que muchas licitaciones corren el riesgo de quedar desiertas si el Gobierno no acelera la aprobación de un sistema para revisar el precio de las obras por el aumento de los costes.
«Ya hay licitaciones que han quedado desiertas ante la falta de ofertas porque se han elaborado pliegos con precios muy bajos», explica Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, quien señala dos licitaciones en Extremadura y otras dos en la Comunidad Valenciana en esta situación.
La organización apremia al Ejecutivo para que apruebe alguna fórmula que permita recuperar un sistema de reequilibrio de los precios similar al que había hasta 2007. Se trata de una reivindicación que el sector mantiene desde hace tiempo, pero ha cobrado más fuerza en los últimos meses en el contexto actual de desabastecimiento y aumento de precios.
Según su versión, el Gobierno es consciente de esta situación y tiene ya en fase muy avanzada el borrador de una norma, -«un real decreto ley», de acuerdo con la información de CNC- que introduciría dicho sistema antes de final de año. El documento contaría ya con el visto bueno de los ministerios de Transportes y Asuntos Económicos, pero está pendiente de la aprobación por parte de Hacienda.
