Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Constitución para prohibir la minería a cielo abierto y el fracking. Los cambios forman parte de un polémico paquete de reformas constitucionales presentado en febrero por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso modificar el artículo 27 para prohibir la minería a cielo abierto en febrero de este año, como parte de una serie de reformas constitucionales presentadas ante el Parlamento, alegando preocupación por el excesivo daño medioambiental.
En el caso del fracking y la minería a cielo abierto, los congresistas abrieron la posibilidad de firmar contratos y otorgar concesiones “en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo Federal a través del comité que señale la ley, por su carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
La aprobación definitiva no se espera hasta septiembre.
La Cámara Minera de México (Camimex) rechazó la prohibición de la minería a cielo abierto que, según sus datos, representa el 60% del valor de la producción minera del país, y dijo que su impedimento provocaría una contracción del 1% del PIB.
Además, el gremio aseguró que se pondrían en riesgo 200.000 empleos directos y 1 millón de empleos indirectos.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) se posicionó en contra de la aprobación de iniciativa de Reforma Constitucional que busca prohibir la minería a cielo abierto, pues ello tendría implicaciones negativas para la economía y el sector.
“La prohibición de la minería a cielo abierto implica la destrucción de un sector estratégico para la economía nacional y pone en riesgo la soberanía minera de México, al convertirlo en un país dependiente de importaciones”, indicó la Asociación en un comunicado.
Detalló que esta decisión afectaría la economía en el país, dado que el 59% del valor de la producción minera nacional provienen de la minería a cielo abierto. Además, de que la depresión económica será difícil de revertir en algunas regiones del país, principalmente en donde hay mayor actividad minera.
Según la misma Asociación, «muchos actores de la industria minera creen que la administración de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, adoptará un enfoque más favorable a la industria que el actual gobierno».
Los primeros movimientos de Sheinbaum han generado cierto optimismo entre analistas y dirigentes empresariales, porque revelan una narrativa distinta a la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en particular en su relación con el sector privado.
Sin embargo, no será hasta el 1 de octubre, cuando Sheinbaum asuma el cargo, cuando se pueda ver cómo la industria podría avanzar con las nuevas autoridades.
