Alrededor de un centenar de trabajadores españoles se han visto afectados por los impagos en las obras de ampliación de la sede de la OTAN donde, hasta hace unas semanas, trabajaban como subcontratas entre diez y quince empresas nacionales. La empresa Pinacar de Tomelloso (Ciudad Real) es una de las afectadas.
En una entrevista con Efe, Jesús Gómez, arquitecto español y ex gerente de una de las firmas involucradas, explicó que los trabajadores, que desde hace un año participaban en el proyecto, han empezado a regresar a España, después de que se les haya notificado que no se les va a pagar y que deben abandonar las obras.
La situación «amenaza con la quiebra de gran parte de las empresas afectadas», por lo que las sociedades estudian presentar una denuncia este mes de mayo.
La demanda se dirigirá en primer lugar contra la empresa Cedox, «deudora de todo el montante», así como contra la firma holandesa adjudicataria de las obras (BAM Alliance) y el ministerio de Defensa belga, como responsable último de los impagos, según la fuente.
Según Gómez, las reclamaciones ascienden a unos 300.000 euros por empresa afectada. Se está intentando aglutinar a todas las sociedades interesadas para presentar una demanda conjunta a través del mismo despacho de abogados, explicó.
Gómez añadió que la solución deseable, antes de llegar a los tribunales, sería «llegar a un acuerdo económico satisfactorio para todo el mundo».
El origen del problema se remonta a principios de 2013, cuando el ministerio de Defensa belga adjudicó las obras de renovación de la OTAN a la empresa belgo-holandesa BAM Alliance.
Esta firma subcontrató parte de la ejecución de las obras a Cedox Projects, (cuyos administradores son las sociedades españolas Chavsa y Cador Iberia).
A su vez, Cedox subcontrató a un grupo de empresas españolas para encargarles la habilitación de los interiores de la nueva sede de la Alianza Atlántica (pintura, yeso, enfoscados, etc.)
La adjudicación implicaba un presupuesto de 37 millones de euros.
La obra empezó a ejecutarse en junio de 2013 «con miles de problemas» de logística, seguridad y otros inconvenientes que dificultaban la producción, pese a lo cual los trabajos se desarrollaron hasta el pasado marzo, cuando Cedox comunicó la paralización de la obra para renegociar con BAM las condiciones económicas y afrontar los pagos.
Los afectados consideran que «han sido engañados» por Cedox, que presupuestó mal su obra y mencionó unas condiciones laborales muy diferentes de las que los trabajadores han encontrado en el lugar.
«Vienes con ilusión, es una obra grande (…) no te imaginas que te puede pasar una cosa de estas, que no te van a pagar», dijo a Efe Raúl Navarro, responsable de Revestimientos Juncaril, una de las empresas afectadas.
«Como no se resuelvan es la ruina», lamenta Navarro, que añade que aún confía en que a través el Gobierno español se les pueda «echar un cable».
«Tanto nos dicen que hay que internacionalizarse como empresa y ahora resulta que nadie hace nada (para ayudar)», añade.
Los afectados se han dirigido a la embajada de España en Bélgica donde, indican, no se les ha recibido y se les ha pedido que envíen su petición al embajador por escrito.
Fuentes de la OTAN aseguran que están «al corriente de la existencia de desacuerdos comerciales entre algunas subcontratas implicadas en el proyecto», y precisan que Bélgica, responsable del mismo, «está siguiendo de cerca» la situación.
Al mismo tiempo, indican que «en este momento se trata de un asunto comercial» que confían «se pueda resolver lo antes posible y de manera amistosa»..
Los afectados han llevado a cabo además distintos actos de protesta en Bruselas, incluido el despliegue de pancartas en las puertas de la Alianza Atlántica y de la embajada de España en Bélgica.
Entre las empresas afectadas se incluyen Pinacar (dedicada a la piedra natural y pinturas); Revestimientos Juncaril (yesos); Paco Rivas (revestimientos cerámicos) y Spiral (pintura) .
Los trabajos de construcción de la nueva sede de la Alianza Atlántica, que estará justo en frente de su ubicación actual, comenzaron en 2008 y se espera que estén terminados en 2016.
Su coste se ha calculado en torno a 750 millones de euros, a cargo del conjunto de los Veintiocho países que la integran, aunque la prensa belga ha señalado que el precio total podría superar los mil millones de euros
