Sancionada una empresa del sector azulejero por superar los límites de emisiones

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana ha sancionado con 36.000 euros a una empresa del sector azulejero de L’Alcora (Castellón) por incumplir los límites legales de emisiones a la atmósfera.

La detección ha sido posible gracias al nuevo mecanismo de control, implantado por la Conselleria, dentro de su programa anual de inspección medioambiental para revisar aquellas instalaciones que cuentan con Autorización Ambiental Integrada.

El nuevo método consiste en acompañar a los inspectores con equipos homologados acreditados para la medición de emisiones en continuo, de manera que permiten comprobar el índice de emisiones cuando la fábrica está en funcionamiento.

La consellera Mireia Mollà ha destacado que el programa de control persigue asegurar tanto la legalidad en materia de emisiones, como la competencia leal en condiciones de igualdad por parte de todas las empresas.

Durante la campaña estival, la Conselleria ha inspeccionado tres instalaciones del sector azulejero y solo una de ellas ha sido objeto de expediente de sanción por superar los umbrales permitidos, tanto en emisiones difusas como en canalizadas.

Mollà ha reclamado al Gobierno la necesidad de que el sector “sea reconocido de manera justa dentro del mix energético nacional, a través de los sistemas de cogeneración y eficiencia energética”. Ha expresado, además, que el control garantiza que nadie “pueda sentirse impune de emitir por encima de lo permitido y que todos apliquen las mejores técnicas disponibles dada su importancia en la lucha contra el cambio climático”.

Por su parte, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer, ha indicado que la empresa ya ha acreditado la aplicación de medidas correctoras además de haber abonado la sanción de manera voluntaria.

Asimismo, ha añadido que la Conselleria “no descarta realizar inspecciones en fin de semana o en periodos vacacionales para controlar mejor e impedir a las empresas la obtención de rendimientos ilícitos de sus actividades”.