El Ministerio de Trabajo siempre avisó de que haría inspecciones laborales prospectivas de dichos ERTE, para confirmar que se cumplían las condiciones para solicitarles y, si no, aplicar las multas correspondientes.
Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz indican que 2020 se ha cerrado con miles de empresas castigadas. En total, el importe de las multas ha alcanzado los 16,5 millones de euros.
En total, la Inspección Laboral ha localizado unos 3.635 ERTE fraudulentos o con infracciones de entre los 33.440 expedientes iniciados. Aunque el valor de las sanciones varía, de media cada empresa habría sido multada con unos 4.500 euros.
Las empresas que hayan pedido ERTE sin cumplir las condiciones para ello no solo tienen que pagar todas las cuotas sociales de las que se hayan exonerado, sino que además tienen que abonar un recargo y enfrentarse a sanciones que pueden alcanzar los 800.000 euros.
En el caso de los trabajadores que participen en un fraude, es decir, que estén percibiendo las prestaciones sin que les corresponda o al mismo tiempo que un salario, también son sancionados. Tienen que devolver todas las prestaciones percibidas, en este caso las mensualidades por el desempleo cobradas por el ERTE, también con su correspondiente recargo, y se les impide el acceso a prestaciones futuras durante un plazo de tiempo determinado.
Fuente: Invertia
