La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) considera «inaceptable» que la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada recientemente por el Congreso, y que tiene implicaciones muy importantes en la actividad industrial y económica, sea llevada al Senado por trámite de urgencia «haciendo inviable la revisión por todas las corporaciones políticas las enmiendas presentadas».
El sector ha manifestado a través de un comunicado que es necesario apostar por una transición verde más sostenible y eficiente, sin embargo, el trámite de esta Ley consideran que se está realizando «de espaldas a los principales sectores de la economía, quiénes se van a ver afectados de lleno por las implicaciones de adaptación de sus procesos productivos».
ASCER, junto a otros sectores consumidores de gas industrial, busca completar la Ley de Cambio Climático a través de la creación por parte del Gobierno de un Estatuto de Consumidores Gasintensivos reconociendo así los beneficios que estos consumidores aportan a la gestión y la eficiencia del sistema. Esta medida impulsaría el proceso de descarbonización de los sectores intensivos en energía los cuales actualmente no disponen de tecnologías maduras que les permitan la transición energética exigida por el Gobierno.
El sector cerámico también espera que no se dupliquen las cargas «tan importantes» que ya soportan por el coste de CO2. Actualmente el sector está afectado por la Ley de Derechos de Emisión. «Tal y como está redactada la propuesta de Ley, el sector también sería penalizado por tener la obligación de calcular la huella de carbono, con los costes adicionales que supondría sin que ello conlleve ningún beneficio medioambiental adicional. De no realizar este cambio, la industria sometida a los derechos de CO2, estaría obligada a pagar una doble imposición», apuntan.
Finalmente, desde ASCER señalan que el sector cerámico español está expuesto a la competencia internacional, y los sobrecostes que tendrá que soportar por esta Ley «provocará que sus productos sean desplazados de los mercados internacionales, con implicaciones muy graves para la economía y balanza de pagos española».
