La fiscal jefe de Guadalajara, María Dolores Guiard, ha presentado una denuncia contra el arquitecto y el aparejador responsables de las obras de restauración del castillo de Jadraque en Guadalajara, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico y de otro delito de estafa.
Según indica la fiscal en el decreto el arquitecto Carlos C.R. y el aparejador Juan Manuel V.B., podrían haber cometido un delito contra el patrimonio histórico y un delito continuado de falsedad de certificaciones, en concurso ideal de un delito continuado de estafa.
La fiscal ha presentado la denuncia en el juzgado de Instrucción de Sigüenza, al que insta a investigar la denuncia que en su día presentó ante la propia Fiscalía el ingeniero de obras públicas, Guillermo Rocafort.
Éste alertó de que el dinero que se había recibido para la restauración no se había invertido correctamente y que se habían causado daños irreparables al patrimonio histórico, por la mala ejecución de las obras.
Los hechos tienen su origen en 2001, cuando el Ayuntamiento de Jadraque solicitó al Ministerio de Fomento una subvención para las obras de restauración del castillo a cargo del 1 % cultural.
En julio de 2002 ,el Ministerio aprobó una subvención de 2.103.542 euros con cargo a dichos fondos, para una primera actuación restauradora del castillo, cantidad que fue ampliada el 27 de noviembre de 2003 con 464.578 euros para realizar excavaciones arqueológicas y estudios técnicos.
Posteriormente, en febrero de 2006, la empresa constructora de la autopista de peaje R-2 (Madrid-Guadalajara) transfirió al Ayuntamiento de Jadraque 2.568.120 euros para estas obras en concepto del 1% cultural.
Las obras pudieron salir a concurso y fueron adjudicadas en julio de ese mismo año.
Según el escrito que Rocafort presentó a la Fiscalía y que ha servido de base para esta denuncia, las obras fueron defectuosas desde el principio, estuvieron paralizadas mucho tiempo y culminaron con el derrumbe de un torreón y con el riesgo de derrumbe de varios más y de los propios muros del castillo.
Rocafort ha denunciado que en vez de rescindir el contrato a la empresa adjudicataria y exigirle responsabilidades, se ideó un plan «para alterar todas las condiciones económicas del contrato, en perjuicio del castillo y en beneficio del contratista».
Además, ha considerado que «es falso e incierto que el llamado reformado se haya realizado» pues no se ha culminado la primera fase, todo está inacabado, sin terminar ninguno de los capítulos parciales en los que se divide el proyecto, que según el denunciante está «en situación caótica y con riesgo de degradación».
Rocafort denunciaba a once personas, entre ellos a políticos y miembros de consejos de administración de empresas adjudicatarias de obras públicas, aunque hasta ahora la fiscal solo ha denunciado al arquitecto y al aparejador, tras pedir un informe al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
