Lluís Rabell, cabeza de lista de ‘Cataluña sí se puede’ (la marca de Podemos, ICV-EUiA y Equo para las elecciones del 27-S), trabajó durante 20 años en Talleres Franco SA, una empresa familiar de mármoles y granitos, tal y como consta en la biografía de su candidatura. La empresa fue disuelta en febrero 2010, según consta en el Registro Mercantil, después de arrastrar una situación de quiebra. Las últimas cuentas que presentó la firma, que recoge el diario Vox Populi, revelan que Talleres Franco SA tuvo pérdidas por valor de 200.000 euros en el ejercicio de 2008.
José Luis Franco Rabell (61 años), dejó sus estudios de Filosofía y Letras y Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona en 1973 y se trasladó a París para desempeñar empleos ocasionales como traductor del francés al catalán y a la inversa. Titulado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Montpellier (Francia), residió en la capital del país galo hasta el año 1987. En 1988 regresó a Barcelona, su ciudad natal, para trabajar en Talleres Franco SA.
Su nombre aparece como «presidente» de esta empresa en su último balance de resultados, tramitado por el Registro Mercantil en octubre de 2009. Los otros dos miembros del Consejo de Administraciones son los familiares Juan Franco Blanch, que actúa como secretario, y Alberto Franco Pérez. Esta entidad, con sede social en la Avenida de Montserrat número 174 del municipio barcelonés de Martorell, tenía como actividad «la compra-venta, aserrado y manipulación de piedras, mármoles y granitos de todas clases». Tal y como reza en la memoria de 2008, su ámbito de actuación era «fundamentalmente, la región de Cataluña».
Talleres Franco SA obtuvo beneficios de apenas 5.441,64 euros en 2007. Una cifra que preocupaba, ya que sólo el alquiler de las instalaciones donde operaba suponía un desembolso de 4.500 euros mensuales. Al año siguiente, la viabilidad empeoró hasta alcanzar un saldo negativo de 200.060,22 euros. Ello llevó a los administradores, entre ellos el hoy candidato de Podemos a la Presidencia de la Generalitat, a echar el cierre a la empresa tras ser declarada en concurso voluntario en octubre de 2009. La disolución llegaría escasos meses después.
