La mayoría de las empresas de la piedra con tráfico en el Puerto de Valencia se están viendo afectadas por los paros ocasionados por los estibadores pese a que la huelga oficial está fijada para el 6 de marzo.
La liberalización de la actividad de trabajos de carga y descarga de los barcos, para la que se ha aprobado ya un Real Decreto tiene ya un efecto directo en el sector de la piedra natural. Valencia está siendo el principal foco de los parones realizados por los trabajadores.
Empresas como Stonehegen con carga todos los días en el Puerto de Valencia se vió afectada la semana pasada por retrasos para la descarga de 10 contenedores. Pero este no ha sido el único caso, Mármoles Serrat también ha sufrido hay retrasos considerables en las cargas de los buques, los cuales afirman “están saturados”. Similar situación se vive en Almería donde empresas como Canteras de Turquía tiene su sede.
Las empresas de piedra natural con rutas desde el Puerto de Vigo también están teniendo problemas. En declaraciones exclusivas a Focus Piedra, fuentes de la empresa Marcelino Martínez afirma que en Vigo se cancelan escalas de buques portacontenedores y «las que no se cancelan están saturadas, dando preferencia a las mercancías perecederas. Tenemos material preparado en fábrica y se están retrasando los envíos, con la consecuente pérdida de imagen con nuestros clientes».
Las consecuencias podrían ser peores. «Si éste conflicto no se resuelve rápido, perjudicaría enormemente tanto a nuestras empresas como a todo el sector, en beneficio de otras de empresas y puertos de otros países», señalan desde la empresa.
Los estibadores, como se conoce a los trabajadores dedicados a la carga y descarga, ya han anunciado un calendario de paros durante tres semanas comienza el próximo 6 marzo. La patronal y los trabajadores ha iniciado de nuevo una negociación a fin de que las huelga no se materialice.
Una asamblea informativa de los trabajadores de la estiba convocada a primera hora de la tarde del lunes en Valencia para valorar la aprobación, en el consejo de ministros del pasado viernes, del real decreto que liberalizar la estiba en España, ha vuelto a paralizar la actividad del puerto. A la asamblea han acudido la inmensa mayoría de trabajadores, lo que ha dejado sin actividad las principales terminales del puerto.
Una circunstancia de la que la DGT de forma preventiva ha informado, a través de paneles informativos en las principales vías del área metropolitana para evitar que los camiones queden retenidos en el acceso al puerto por la V-30, como ya ocurrió hace unos días.
SEVASA, la sociedad de la estiba de Valencia, asegura que paros como los de este lunes o la ralentización de la actividad que viene sufriendo desde hace días ha provocado que dejen de operarse 16.000 mil contenedores o lo que es lo mismo, pérdidas de 2 millones y medio de euros al día, sin contar el perjuicio para otros sectores como el de los transportistas.
SEVASA confirma lo que ya denunció el presidente de la CEV que esta situación solo está afectando a Valencia y no al resto de puertos de España. La patronal de la estiba asegura que hasta 17 buques han optado por desviarse a puertos competidores como Barcelona, Sines o Gioia Tauro.
SEVASA también denuncia daños materiales sufridos este mismo lunes en sus instalaciones. En concreto, diez cámaras de seguridad, valoradas en 8.500 euros, que han sido inutilizadas antes de la celebración de la Asamblea de trabajadores celebrada a primera hora de la tarde. Hechos que ya ha denunciado a la policía.
El origen del conflicto arranca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 11 de diciembre de 2014, que considera que España incumple la normativa comunitaria al no respetar la libertad de establecimiento y contratación en el sector de la estiba y desestiba (carga y descarga de mercancía marítima). El asunto ya se ha cobrado 21,5 millones de euros de sanción, según el Ministerio de Fomento.
En España, las empresas de este exclusivo sector tienen la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, además, participar de ésta económicamente. Es decir, las empresas que quieren operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar solo a sus estibadores.
Y es este sistema cerrado de acceso a la actividad lo que suscita polémica, porque la entrada de trabajadores es muy restringida y controlada por Sagep al 100%. Dando lugar a salarios elevados: 60.000 euros al año, según fuentes de Fomento, y a un excesivo control y dependencia de la actividad a las decisiones de la Sagep, controlada mayormente por los sindicatos.
La decisión tomada por el Gobierno es acabar con esta situación. Para ello ha preparado un decreto ley para la liberalización de la estiba en los puertos españoles que cumpla con las exigencias de Europa. Y, ante su entrada en vigor este pasado viernes, se han encendido todas las alarmas entre el colectivo de estibadores. Ya que acabará con la posición de privilegio de la Sagep, al permitir la existencia de empresas que no tengan que pertenecer a la misma y, además, terminará con la existencia del registro de trabajadores, principal punto de exigencia de Europa.
La norma busca la liberalización de la contratación de los trabajadores. Pudiendo las empresas contratar libremente sin necesidad de pasar por el registro de trabajadores aprobado por la Sagep. La única condición será la exigencia de la formación de estos trabajadores: bien por la formación profesional reglada y aprobada por Fomento (o sus equivalentes de otros países, debidamente reconocidas), bien por la posesión de un certificado de profesionalidad habilitante, o bien por la acreditación, por parte del trabajador, de más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.
